El sindicato de funcionarios USIPA denunció ayer ante la Fiscalía Superior del Principado al jefe de urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el supuesto desvío de pacientes de la sanidad pública a su consulta privada. La denuncia sindical está respaldada por nueve médicos del mismo servicio y también alcanza a los responsables de la Consejería de Sanidad, por no haber tomado medidas pese a estar informados de la existencia de esas prácticas con varios pacientes.
La denuncia plantea la existencia de "un supuesto desvío de pacientes a la medicina privada con ánimo lucrativo, una situación que al parecer viene ocurriendo desde hace tiempo en el servicio de urología del HUCA" por parte del jefe de ese departamento, Ramón Abascal. El sindicato de funcionarios argumenta su denuncia en varios escritos firmados por nueve doctores de ese mismo servicio, donde se documentan de manera detallada varios casos de "desvío injustificado" de enfermos a la medicina privada.
El grupo de nueve médicos expone en uno de esos documentos que el jefe del servicio se presentó "sin estar de guardia" el domingo 10 de febrero de este año en la habitación de un paciente que 48 horas antes había sido intervenido en el HUCA para decirle que "tiene un tumor "muy malo" que necesita operarse urgentemente y en este servicio tiene una lista de espera de 49 pacientes", tal y como el propio paciente relató de manera literal "durante el pase de visita del ingreso actual, en presencia de tres médicos de urología, dos estudiantes de Medicina en prácticas y la supervisora de la planta".
Ante la demora en el tratamiento que supondría esa lista, el jefe de urología propuso al enfermo ser operado "inmediatamente por él" en un quirófano de la sanidad privada el jueves 14 de febrero. Así se hizo. "El paciente manifiesta que los honorarios médicos ascendieron a 20.000 euros aparte de los honorarios de hospitalización y de otros especialistas médicos", prosigue el escrito que el grupo de urólogos envió desde el pasado 18 de octubre y en días sucesivos tanto al director médico del HUCA como a la inspección de servicios sanitarios, al gerente del área IV sanitaria, Jaime Rabanal; a la gerente del Sespa, Celia Gómez, y al consejero de Sanidad, Faustino Blanco.
Los nueve urólogos sostienen que "comprobada la lista de espera de esas fechas, este paciente podría haber sido intervenido el 27 de febrero, ya que el paciente que se operó en esa fecha estaba en la lista de espera desde el día 18 del mismo mes, es decir ocho días después de la fecha en la que él habría entrado si se le hubiese dado una información veraz y ética". El escrito de los nueve urólogos concluye que "si lo referido por el paciente es cierto, todo parece indicar que estando aún ingresado, recibió una información falsa, que le indujo a operarse en un centro privado, con consecuencias económicas importantes que podrían repercutir en el Sespa en caso de reclamación".
En la denuncia se da cuenta de, al menos, diez casos más de pacientes que o bien fueron desviados a la sanidad privada o "adelantados del lugar que les corresponde por la fecha de entrada en la lista de espera, por delante (y en perjuicio) de decenas de pacientes". La denuncia, formalizada por el letrado de USIPA, Eduardo Rueda, considera que esos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones ilegales, así como de negociaciones prohibidas a funcionarios.
LA NUEVA ESPAÑA intentó contactar ayer con el jefe de urología del HUCA, pero no resultó posible. El sindicato de funcionarios USIPA también extiende su denuncia ante la fiscalía a los responsables de la Consejería de Sanidad Faustino Blanco, Celia Gómez y Jaime Rabanal, y a los superiores y directivos de la inspección de servicios sanitarios, por omisión del deber de impedir delitos y encubrimiento, ya que no adoptaron medidas tras conocer esos hechos.
El coordinador general del sindicato USIPA, José Luis González, justificó la presentación de esta denuncia en la defensa que han asumido del empleo público "y porque como funcionarios tenemos la obligación de denunciar esas prácticas. No podemos mirar para otro lado y menos cuando se juega con la vida y la muerte", concluyó.
Denuncia ante la fiscalía
