¿Obligar al enfermo a pagar una parte del coste de su estancia en el hospital? ¿Remitir al paciente de edad avanzada y en fase de convalecencia a una residencia de mayores en la que pueda proseguir su recuperación bajo los cuidados de personal especializado? Estas dos preguntas resumen posibles soluciones que están sobre la mesa, pero que no acaban de plasmarse en medidas concretas pese a que, debido al progresivo envejecimiento de la población, la búsqueda de salidas viables se hace cada día más acuciante.

El debate está vivo. El próximo jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá una propuesta que habla de considerar los tratamientos hospitalarios de larga estancia como socio-sanitarios y que el usuario participe en el pago de los mismos "según su capacidad económica". El tiempo lo dirá, pero a priori no parece probable que en el año previo a las elecciones autonómicas y generales ningún político se atreva a defender un copago hospitalario.

Por otro lado, la Agenda Social Asturiana, elaborada por el Gobierno regional, apuesta por un "impulso a la coordinación sociosanitaria" -en la práctica, una alianza entre las consejerías de Bienestar Social y Sanidad- para crear "unidades de convalecencia y cuidados continuados en las residencias públicas".

La música suena bien. La letra es más complicada. El argumento económico es irrebatible: los enfermos que requieren largas estancias en los hospitales implican un gasto que algunas estimaciones cifran en 600 euros diarios, en tanto que el coste de una residencia puede oscilar en torno a los 100 euros. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo asturiano reconocen dos dificultades no menudas: por una parte, que las residencias de mayores públicas no sólo no disponen de plazas libres, sino que acumulan una lista de espera de unos 1.500 candidatos. Por otra, que en la práctica sería necesario integrar en el hipotético pacto a las residencias privadas, lo cual ya implicaría una negociación a tres bandas sobre una cuestión que ni siquiera resulta sencilla dentro de los muros de la Administración regional.

"Es evidente que una estrategia de coordinación sociosanitaria es el futuro, pero también está claro que requiere una planificación y un consenso político y social que no son fáciles de conseguir", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA Paulo González, presidente de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado (Ascege). González mantuvo una reunión con el gerente del organismo público ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos), Jesús Suárez, en la que éste le comunicó la próxima salida a concurso de 140 camas en residencias privadas. "Es una buena noticia en este momento tan complicado desde el punto de vista económico", señaló el presidente de Ascege.