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Indignación por el caso de Juana Rivas: "La justicia se olvida de las personas"

Los colectivos feministas culpan a la burocracia judicial de la situación de la madre granadina que tiene que entregar a sus hijos a su maltratador

La manifestación de apoyo a Juana Rivas, en Maracena (Granada). EFE

Las asociaciones feministas de Asturias están con Juana Rivas, la madre granadina que se niega a que sus hijos se vayan a Italia con su exmarido, condenado por un delito de violencia de género. Los colectivos de mujeres admiten que la granadina incurre en un delito, el secuestro de los menores, pero apuntan a las trabas burocrático en el proceso judicial como uno de los motivos que han llevado a Juana Rivas a tomar medidas desesperadas. En concreto, la denuncia presentada en Granada por Rivas aún no se tradujo para ser enviada y presentada en Italia, lo que no ha permitido bloquear la entrega de los menores. Blanca Esther Aranda, de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, asegura: "Lo que hace ella es ilegal, pero también es lógico porque esa mujer está muerta en vida". Por su parte, Begoña Piñera, de la tertulia "Les Comadres", sentencia: "Esto es lo que pasa cuando entre el papeleo se olvidan de que estamos hablando de personas y no de terrenos".

A raíz del caso de Juana Rivas, todos los grupos políticos en el Senado acordaron ayer una ampliación del pacto estatal sobre violencia de género para incluir ahora la posibilidad de realizar modificaciones legislativas con las que proteger a las víctimas de violencia de género que estén en una situación de sustracción internacional de menores.

Juana Rivas, que se encuentra en paradero desconocido junto a sus hijos de 11 y 3 años, tendría que haber entregado ayer a los menores en un Punto de Encuentro Familiar de Granada. Adolfo Alonso, abogado de Francesco Arcuri, padre de los pequeños, anuncia acciones legales "puesto que se han producido ya dos secuestros de dos menores". El caso se remonta a 2009, cuando Juana Rivas denunció por primera vez a su expareja por un delito de violencia de género, por el que fue condenado a tres meses de prisión. La pareja continuó su relación y se mudaron a Italia. Finalmente, en 2016 volvían a separarse y la granadina regresó a España con los niños. A finales del pasado año volvió a denunciar a Arcuri por maltrato, sin embargo, la justicia española remitió esta acción a la justicia italiana, debido a que era el lugar en el que se había producido los hechos. Sin embargo, aún no se ha llevado el caso a los tribunales italianos y por tanto el proceso judicial sigue abierto. Desde ese momento, los menores no han regresado al hogar familiar y llevan un año sin ver a su padre. El abogado del exmarido afirma que Francesco Arcuri "está siendo objeto de violencia psicológica" y añade que "lleva un año sin poder ver o hablar con sus hijos sin tener absolutamente nada que diga que es un padre perjudicial".

Juana Rivas se ha rebelado contra la lentitud y la decisión judicial de tener que entregar a sus hijos. Nieves Ibáñez, abogada asturiana especializada en casos de violencia de género, asegura al respecto que "cuando un juez dicta una sentencia hay que cumplirla, aunque a veces puedan parecer injustas. La ley es así". En el mismo sentido se expresa Ángel Campo, juez de la Audiencia Provincial, quien afirma: "Legalmente no tenemos más mecanismos para impartir justicia, en todas las historias hay dos versiones y no podemos asegurar cuál es cierta".

María Martín, responsable de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo, incide en que a pesar de la existencia de órdenes de protección tanto para las mujeres víctimas de maltrato como para los hijos de éstas, en ocasiones estas medidas son insuficientes. La violencia de género puede ser tanto física como psicológica, siendo ésta última la más difícil de condenar y demostrar. Para ello se realizan una serie de pruebas periciales. "El problema está en que en muchas ocasiones los psicólogos o miembros de los servicios sociales no son especialistas en temas de violencia de género y por tanto no saben como manejar la situación", afirma Martín. Además, esta experta del Colegio de Abogados de Oviedo considera que en muchas ocasiones el sistema judicial no respeta los derechos de las mujeres. "No puede ser que un profesional de la justicia pregunte a una mujer que ha sido violada si tenía las piernas cerradas", concluye.

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