El juicio de "la manada", los cinco jóvenes sevillanos procesados por violar, presuntamente, a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, ha puesto en evidencia cómo un proceso de este tipo puede derivar en la criminalización de la víctima, algo que ha desatado un enconado debate social. Los abogados de la defensa tratan de utilizar en descargo de los acusados que ella no gritó, no pataleó, no opuso resistencia. Además, uno de los letrados ha presentado un informe de detectives privados -admitido por el tribunal- con fotos de la mujer en las redes sociales para tratar de demostrar que los hechos no fueron como ella cuenta, porque no parece sufrir daños psicológicos. Criminólogos, sociólogos, y asociaciones feministas alertan: esta criminalización es la que frena a las mujeres para denunciar abusos, agresiones y violaciones.
La estadística del Ministerio del Interior correspondiente al primer semestre de este año revela que en Asturias se han denunciado 72 casos contra la libertad sexual, de los que ocho han sido por violaciones. La memoria de 2016 contabiliza en España como "hechos conocidos" 10.844 delitos contra la libertad sexual. En esta categoría se incluyen casi 1.000 casos de corrupción y pornografía de menores, pero el grueso corresponde a "otros" (8.606) y agresiones sexuales con penetración (1.250). Del total de hechos conocidos, 8.381 fueron esclarecidos y en 6.363 hubo alguna detención o investigación.
Miguel Ángel Perianes, vicedecano del Colegio de Criminólogos de Asturias, no tiene dudas de que se produjo la violación a tenor de la insistencia de la víctima en el relato de los hechos, y, además, llama la atención sobre la existencia del vídeo que grabaron los acusados. "El lenguaje no verbal de las personas nos da pie a conocer sus reacciones ocultas y a la posibilidad de determinar si miente o no, y ayuda a dictaminar cómo suceden los hechos enjuiciados", asegura el experto criminólogo. A través de lo poco que ha trascendido, se sabe, por ejemplo, que durante la agresión la chica está con los ojos cerrados "que no apretados, como si no estuviera allí", y que las manos de ella permanecen inertes, protegiéndose o en posición de "stop". "Eso indica que en ningún momento colabora ni nada parecido". Perianes advierte de que "las defensas jurídicas siempre tratan de buscar antecedentes de la víctima para trasladar a la sociedad una imagen desvirtuada de la víctima e influir en la sentencia. Eso crea un clima de desconfianza a la hora de denunciar y las víctimas tienen miedo a convertirse en centro de la crítica social".
La socióloga Sandra Losada, vicedecana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología del Principado, es taxativa: "Los datos que se conocen son sólo la punta del iceberg, porque no se sabe en realidad cuántas agresiones sexuales, del tipo que sea, se producen. La víctima, una vez que se decide a denunciar, se encuentra con que es cuestionada, se duda de su veracidad y se la somete a preguntas sobre cómo iba vestida, o por qué fuiste con ese chico o con esos chicos... Y ya no digamos si ha bebido o se detecta que ha tomado cualquier sustancia. Entonces es como si se legitimaran los abusos o las violaciones. Eso hace que la víctima se sienta la causante de lo que ha ocurrido y culpable, cuando en realidad lo son los agresores y la sociedad machista, en la que prevalecen los valores de la masculinidad imperante". En su opinión, "la solución es educar en conocimiento de la igualdad y del respeto. No hay por qué decirle cosas a una mujer aunque se piense que se tiene que sentir halagada, y tampoco es normal que se la pueda tocar porque se esté en una fiesta. Hay que acabar con eso".
Especialmente indignada se mostró ayer Jessica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias y activista feminista. "¿Por qué se tiene que poner en tela de juicio a la víctima? No sólo ha sido violada, sino que ha tenido que contar los hechos varias veces, y la última ante el tribunal y durante cuatro horas. Menos mal que no la hicieron ver el vídeo de su violación. ¿Cómo es posible que se la vuelva a someter a esa tortura?".
El hecho de que el tribunal aceptase el informe de los detectives privados es otra ofensa a su juicio: "¿Se tiene que quedar en casa para que se vea que sufre? Y si se acepta ese informe para evitar que se pueda alegar indefensión, también habrá que tener en cuenta que los violadores tenían antecedentes penales", añade Castaño. En su opinión, "lo que está ocurriendo es surrealista. Una mujer, por el mero hecho de serlo, tiene que demostrar siempre que lo que dice es verdad. ¿Quién se va a creer que cualquier mujer va a entrar voluntariamente con cinco hombres a un portal y dejarse hacer todo eso? Parece que salimos de la caverna en vez de ser una sociedad del siglo XXI. Por eso no se denuncian todas las agresiones que se producen", sentencia.
