El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo General de la Psicología de España (COP) han acordado incluir a estos profesionales en el Pacto contra la Violencia de Género para ejercer labores de prevención, detección e intervención en estas situaciones y de protección a menores.
Lo han hecho durante un encuentro que han mantenido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, el presidente del COP, Francisco Santolaya, y la coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género, Rosa Álvarez.
Según ha informado la organización, en la reunión se establecieron las bases para la firma de un convenio de colaboración entre ambos organismos que incorpore al COP en el desarrollo de las propuestas de acción recogidas en el Pacto de Estado.
Los representantes del Ministerio acogieron así de forma positiva la propuesta del Consejo porque "la Psicología debe tener un papel fundamental en la ejecución del plan", en tanto que es una disciplina científica que mejora la salud y el bienestar y porque es "imprescindible para promover cambios en las conductas humanas".
El marco de colaboración hará hincapié en el desarrollo de medidas de prevención, detección e intervención frente a situaciones de violencia machista, también respecto de los menores afectados.
Pero también deberá contemplar tanto el ámbito sanitario como el de los servicios sociales y comunitarios, empresas y organizaciones, sector jurídico y forense y el educativo, por lo que, avanza el COP, "probablemente será necesario materializar diferentes acciones de colaboración".
La organización colegial, que agrupa a más de 70.000 profesionales de toda España, aprovechó para transmitir al Gobierno su preocupación por la falta de homogeneidad en el acceso a los recursos de los que disponen las mujeres, que depende de la comunidad autónoma e incluso del municipio en el que resida.
Algo que se debe a que en muchos territorios, las plantillas "no cuentan con atención psicológica en servicios sociales", al igual que sucede en las consultas de Atención Primaria.
Sobre ello, tanto Garcés como Ordóñez coincidieron en señalar la necesidad de "contar con el Consejo", cuyas aportaciones deben "agregar valor añadido" en la responsabilidad de la Administración de velar por la igualdad de acceso a los recursos, con independencia del territorio.
Por último, el Consejo, que en 2006 constituyó el Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género, reclamó su incorporación en los trabajos del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, propuesta que fue "bien recibida" por el Ejecutivo. EFE
