Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Un gijonés se enfrenta a tres años de cárcel por supuestamente abusar sexualmente de una prima durante varios años cuando ésta era menor de edad. Los abusos se habrían producido a lo largo del tiempo aprovechando que las dos familias mantenían una estrecha relación.

La víctima, que en la actualidad cuenta con 24 años, habría sufrido los abusos entre los 7 y los 13 años. Aunque la joven asegura que tiene algún recuerdo de haber sufrido abusos a manos de su primo cuando tanto solo tenía cuatro años. La niña nunca contó nada a su familia por miedo, ya que supuestamente el acusado la amenazaba cada vez que abusaba de ella. Pero en 2007 la víctima, ya mayor de edad, decidió denunciar los hechos.

Los abusos consistían en tocamientos en los órganos sexuales de la entonces menor. Según fuentes cercanas al caso nunca hubo penetración ni vaginal, ni bucal, ni anal, aunque en un principio la acusación alegó que el hombre había introducido los dedos en la vagina de la niña. Casi cuatro años después de la denuncia, y tras una larga instrucción, el juicio se celebró en la mañana de ayer en Oviedo a puerta cerrada. El abogado defensor del acusado, de 42 años, alegó que éste sufre un importante retraso psíquico y que no cometió los abusos.

Mientras, el forense del Juzgado alegó que este retraso no es tal y que el hombre era consciente de lo que hacía y de que estaba mal abusar de una menor. Por contra, la psicóloga que atiende al acusado explicó, entre otras cosas, que presenta un coeficiente intelectual por debajo de lo normal. El acusado está sordo desde su adolescencia. El fiscal y los abogados tuvieron que presentar sus preguntas por escrito para que éstas pudieran ser respondidas por el acusado durante la vista.

A la vista de los hechos, la fiscalía solicita una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de abusos. Por su parte, la acusación particular, dirigida por el gabinete jurídico del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym), solicita tres años por los abusos y dos años por las amenazas.