Oviedo / Madrid,

Félix VALLINA / Agencias

Mientras el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificaba ayer el indulto al kamikaze de Valencia -que provocó la muerte de un joven en el año 2003-, varios partidos políticos, decenas de famosos y más de 50.000 ciudadanos, a través de una recogida de firmas, exigían el perdón para Emilia Soria, la mujer de Requena (Valencia), madre de tres niñas, que entrará en prisión en quince días por haber robado 450 euros de una tarjeta de crédito que se encontró en la calle y que utilizó para comprar pañales y comida para sus hijas.

Gallardón explicó que el Gobierno le concedió el indulto al conductor kamikaze porque sufre una epilepsia «acreditada por el servicio público de salud», porque no tiene antecedentes penales y porque cuenta con un informe penitenciario «favorable» que demuestra que «se arrepintió sin pronóstico de reincidencia». En la sesión de control al Gobierno, Gallardón declaró además, en respuesta a la pregunta del diputado socialista Ximo Puig, que el despacho de abogados que defendió al kamikaze, donde supuestamente trabaja el hijo del Ministro, «no figura en los expedientes del indulto». Puig cuestionó a Gallardón por «hacer suyas las posiciones de la defensa» y por actuar como «juez de jueces» cuando tanto la Audiencia como la fiscalía emitieron sendos informes contra el indulto. Además, le reprochó la «inusual rapidez» en conceder «graciosamente» esta medida excepcional y la sustitución de una sentencia de 13 años de la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo por una multa de 3.400 euros.

El titular de Justicia afirmó que a la hora de adoptar esta medida de gracia «se sopesan todos los elementos, incluido el sufrimiento de las víctimas y familiares». Ruiz-Gallardón aseguró que su Gobierno se fijó en los pasos del anterior Ejecutivo socialista de Zapatero. «Vimos lo que se había hecho antes», dijo antes de explicar que su departamento tomó como guía el último caso de indulto, concedido el 16 de septiembre de 2011, meses antes de que Zapatero dejara la Presidencia del Gobierno. Tras la comparativa, encontraron varias coincidencias entre aquel caso de Castilla-La Mancha y el del kamikaze de Valencia. Entre dichas coincidencias, que ambos eran delitos de seguridad vial, que la condena en el primero de ellos era de 12 años y seis meses y de 13 años en el segundo, que en los dos hechos se produjo una conducción kamikaze con resultado de muerte y que ambas alegaciones por parte de la defensa se centraron en la epilepsia de los condenados.

Por otro lado, más de 50.000 personas han firmando en los últimos días una petición para que no ingrese en prisión la joven madre de Requena. La familia de Emilia Soria inició esta campaña en la plataforma de peticiones online Change.org y está dirigida al Consejo General de Poder Judicial y al juez decano de Valencia, Pedro Luis Viguer. En su petición explican que Emilia Soria, con 22 años y dos hijas, cometió el «error» de acudir a dos supermercados a comprar pañales y comida con la tarjeta de crédito y el DNI que encontró en una cartera perdida. «De eso hace cinco años. En quince días quieren que entre a la cárcel», indica el texto, en el que se destaca que esta joven ha rehecho su vida, es madre de una tercera hija y se ha vuelto a casar con otro hombre.

«Cometí un error del que me arrepiento todos los días, aunque lo hice por necesidad de mis hijas», asegura la afectada en el escrito, en el que reconoce que hizo «mal», pero pide que no la hagan entrar en la cárcel porque no puede «dejar ahora solas» a sus hijas. Según indica su familia, Emilia Soria va a tener que entrar en la cárcel porque una juez del Juzgado de lo penal de Valencia ha rechazado la suspensión cautelar de la pena hasta que se resuelva la petición de indulto.