Más de un centenar de damnificados, 180 testigos, 170.000 euros en indemnizaciones..., pero no estará el principal encausado, sobre el que pesa una orden de busca y captura. El juicio por la macroestafa de los seguros en Langreo se celebra a partir del próximo miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, bajo la presidencia del magistrado Agustín Pedro Lobejón. El ministerio público solicita cuatro años de cárcel para el agente de seguros Julio Luis Á. P., de 60 años, que está huido. Sólo se sentará en el banquillo su empleada, Natalia G. G., de 35 años, para la que se piden dos años de prisión, al haber tenido una participación menos determinante en los hechos que se enjuician.

Según el escrito de acusación, Julio Luis Á. P., cuyo letrado es Pedro Valero, fue agente de seguros de Catalana Occidente entre septiembre de 2003 y octubre de 2008, y desarrolló su actividad en un local de Langreo. La principal estafada sería una tía suya, a la que ofreció un plan de pensiones, por el cual le entregó unos 42.000 euros en calidad de aportaciones. Aunque el hombre le entregó unos recibos de firmados por él y con el sello de la aseguradora, nunca llegó a formalizar la póliza, ni entregar las aportaciones, que fueron incorporadas a su patrimonio. La mujer le demandó y Catalana Occidente fue condenada a pagar a la mujer la cantidad de 76.000 euros por las aportaciones, los intereses y los gastos generados.

El fiscal sostiene además que el principal encausado ofreció a un total de 79 personas diferentes seguros, sin llegar a abonar a la empresa aseguradora la mayoría de las cantidades. Con Julio Luis Á. P. trabajaba Natalia G. G., como agente de Seguros Vitalicio. Ambos realizaron operaciones con otras siete personas para Vitalicio y se apropiaron de las cantidades.

Una vez finalizada la relación profesional con Natalia G. G. y Vitalicio, Julio Luis Á. P. continuó con sus operaciones, de forma que habría estafado a otras 24 personas. La Fiscalía da cuenta de otras ocho estafas, en las que el principal encausado había ofrecido clientes a otras dos aseguradores, Reale y Allianz, arguyendo que no podía proporcionarles ningún producto que se acomodara a sus requerimientos. Las compañías formalizaron los seguros pero luego fueron dados de baja por impago de los clientes. Y es que éstos habían abonado las cantidades a Julio Luis Á. P., sin que éste entregase el dinero a su vez a las aseguradoras. Aparte de las penas de prisión, el fiscal pide multas por importe de 4.500 euros para ambos acusados.