El "sexting" consiste en intercambiar fotografías de contenido sexual a través de teléfono móvil o las redes sociales. La práctica tiene cierto predicamento entre los adolescentes, lo que les pone en riesgo de ser extorsionados por los depredadores sexuales que pueblan la red. Cinco niñas de entre 11 y 13 años, una de ellas asturiana, cayeron víctimas de uno de estos depredadores, un vecino de Ciudad Real de 43 años que lleva en prisión desde febrero del año pasado y acaba de aceptar, en la Audiencia Provincial de Madrid, una condena de diecinueve años y medio de prisión por delitos de pornografía infantil.

Dos de las víctimas son de Granada y las demás de Castellón y Madrid, además de la de Asturias. Para contactar con las menores, el acusado creó varios perfiles en la red social Tuenti con los que interactuó con distintas menores desde 2012. También utilizó la aplicación Whatsapp una vez establecido el contacto. El hombre consiguió que le enviasen fotografías íntimas en las que exhibían sus órganos genitales y los pechos, entablando con las menores conversaciones de índole sexual. También les remitía fotos de sus genitales.

Para dar con las menores, creó un perfil de Tuenti en el que indicaba que era un valenciano de 20 años, y puso la foto de un menor conocido suyo. Algunas de las niñas llegaron a creer que tenían una relación sentimental virtual. También creó en Tuenti otro perfil de un supuesto primo del anterior en el que ofrecía un teléfono para contactar por Whatsapp.

En el registro de su habitación se hallaron, además de varios cuadernos, libretas y fichas con teléfonos, direcciones y correos electrónicos, un ordenador portátil y un móvil que usaba para recibir las fotografías. El condenado había guardado en un dispositivo de almacenamiento las fotos de las víctimas, catalogadas con los nombres de las menores.

Además de la pena de prisión, la Audiencia le impone la medida posterior de libertad vigilada por nueve años y le prohíbe participar en chats informáticos y telemáticos y redes sociales y aproximarse y comunicarse con sus víctimas hasta pasados cinco años una vez cumplida la condena. El fallo aprecia las atenuantes de arrepentimiento y de reparación del daño, ya que ha consignado seis mil euros para resarcir a las víctimas, a las que debe pagar entre 1.500 y 8.000 euros.