La Fiscalía del Principado de Asturias pide una condena de trece años y medio de prisión para un joven de 24 años por agredir sexualmente de forma continuada a un niño en la casa donde tenía alquilada una habitación en Oviedo mientras realizaba sus estudios universitarios, unos hechos que ocurrieron entre 2012 y 2014, según el escrito del ministerio público. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita para el acusado la prohibición de acercarse a la víctima y una medida de libertad vigilada por espacio de seis años, una vez cumplida la condena de prisión, con obligación de someterse a un programa de educación sexual, según figura en el escrito fiscal. El acusado, que ahora es auxiliar de vuelo en una conocida compañía aérea y reside en Cantabria, habría cometido los hechos cuando tenía 20 años.

La vista oral de este juicio está señalada para el próximo 28 de septiembre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Presumiblemente, el juicio tendrá lugar a puerta cerrada, con el fin de preservar la intimidad de la víctima, que ahora tiene 9 años.

El ministerio fiscal sostiene que los abusos sexuales se produjeron desde que la víctima contaba con 4 o 5 años de edad hasta que tuvo 7, aproximadamente desde 2012 hasta 2014. El procesado tenía alquilada una habitación en casa del abuelo del menor, en la capital del Principado, mientras cursaba estudios en la Universidad de Oviedo.

Según el relato del fiscal, el menor se quedaba en ocasiones al cuidado de un familiar, a veces también de noche. La Fiscalía mantiene que el procesado obligó al niño a practicarle felaciones bajo la amenaza de agredirle si no accedía a ello.

Posteriormente, los hechos fueron conocidos por los familiares, que presentaron la correspondiente denuncia contra el acusado. Los informes realizados por los peritos consideran factible que el menor hubiese sufrido los abusos que se juzgan, motivo por el que la Fiscalía ha seguido adelante con la acusación. La familia del menor está personada como acusación particular.

Aparte de la pena de prisión y las medidas de alejamiento y de libertad vigilada que se proponen por el ministerio público, también se solicita, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización al menor, a través de sus progenitores, por importe de 30.000 euros, en concepto de daños morales.