En fechas recientes publiqué en LA NUEVA ESPAÑA el artículo "La crisis de la leche, sin respuesta", en el que intenté poner de manifiesto la falta de respuesta de las Instituciones Europeas a la grave crisis que el sector lácteo europeo está viviendo. Con posterioridad se publicaron dos más que interesantes artículos en este periódico, uno firmado por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA María José Iglesias y otro por el empresario Francisco Rodríguez, que curiosamente, si solo nos fijásemos en su título podría entenderse que tienen una visión antagónica sobre la situación del sector lácteo, pero lo cierto es que la lectura de ambos pone de manifiesto la gran preocupación que los autores comparten por la situación actual del sector. Pretendo ahora ahondar sobre las consecuencias que las decisiones adoptadas en el último Consejo de Agricultura, celebrado en 14 de Marzo, tendrán para el sector lácteo asturiano.
Previamente, quisiera manifestar que comparto lo expuesto por Francisco Rodríguez, en el sentido de que la situación actual del sector lácteo debería considerarse un asunto de Estado. Entiendo que ello es así por las graves repercusiones que lo aprobado en la última reforma de la PAC tienen, y preveo van a tener, para el conjunto de sector lácteo. Baste ver las consecuencias que para Asturias tendría si se cumpliese lo manifestado recientemente, por un alto representante del ministerio del ramo -manifestaciones sobre las que debo exponer mi absoluta discrepancia por muy distintas razones y que posteriormente desarrollaré- en el sentido es esperable la desaparición de, al menos, 5000 explotaciones lecheras en España en un futuro próximo. Por una simple extrapolación de este dato se podría entender que, si producimos en Asturias un 9 % de la leche española, sería esperable perder 450 explotaciones en Asturias, y si la producción media por explotaciones se sitúa en torno a los 250.000 litros/año, podríamos considerar que se dejarían de producir 112.500.000 litros/año. Sabiendo que cada empleo directo en el sector produce 1750.000 litros/año, se perderían 643 empleos directos y unos 2000 empleos indirectos, a los que habría que sumar una cifra superior, por los ya perdidos debidos al descenso de la producción que, desde 2004 se viene dando en Asturias. Más de 5.000 empleos perdidos en Asturias en doce años, y la mayoría de ellos en el medio rural en el que la generación de empleo no parece sea una tarea especialmente sencilla, siendo el despoblamiento una de sus señas de identidad, y si a esto sumamos las repercusiones económicas, medioambientales y sociales, es evidente que la calificación de "asunto de Estado" está más que justificada, especialmente en nuestra comunidad autónoma.
La situación que vive el sector es debida a la aplicación de la última reforma de la PAC aprobada, reforma que en una simple revisión de la hemeroteca se vendió por los responsables políticos de nuestro país como de muy beneficiosa para nuestros ganaderos y mientras, los que entendíamos, (contra la corriente de opinión establecida por nuestros políticos) que la desregulación sectorial podría significar que especialmente el sector lácteo entrara en una dinámica de volatilidad de los precios, en los que se alternaran periodos de bonanza de precios con épocas de precios bajos, con indeseables consecuencias, fuimos tratados en muchas ocasiones con distintas descalificaciones, adjetivándonos como irresponsables, agoreros y/o intoxicadores. Simplemente lo que intentábamos era poner de manifiesto los indeseables efectos de la nueva PAC, y advertir a nuestros ganaderos se deberían preparar para afrontar esta nueva situación.
La desregulación sectorial aprobada se basó en dos grandes modificaciones: la desaparición de las cuotas, elemento básico de regulación de la producción de leche en Europa, unida a la caída de los precios de intervención de la leche en polvo y de la mantequilla. Estos dos mecanismos funcionaban sincrónicamente, ya que no se puede entender la existencia de precios altos de intervención sin un sistema de contingentes. Los recursos económicos necesarios para mantener lo contrario serian ingentes, y muy lejanos de la realidad presupuestaria de la UE. Los responsables políticos de la desregulación sectorial de la UE y de los 28 Estados Miembros planteaban que el mercado y la búsqueda de una nueva relación intersectorial entre productores e industria todo lo regularía, ya que un incremento del consumo interno, unido a un incremento de las exportaciones serían los pilares que garantizaría estabilidad del sector. El resultado de esas decisiones es evidente: el no reflote del consumo y la caída de las exportaciones, junto a un incremento de la producción, llevaron al sector a la actual situación de grave crisis, crisis que afecta más al sector productor que al transformador, ya que este es capaz de regular su cuenta de resultados, reduciendo costes de su gasto fundamental, la compra de la leche a los productores.
Pues bien, en plena crisis se celebró la reunión de Ministros de Agricultura del 14 de marzo. En ella, el Comisario Hogan afirmó: "La crisis es global, es profunda y está afectando a los agricultores de los 28 Estados miembros". Ante estas afirmaciones cabría esperar una acción integral y coordinada por parte de las autoridades europeas para asegurar una rápida recuperación, pero como era previsible, casi nada se quiso cambiar. Se evidenció que la vuelta a la contingentación de la producción, a las cuotas, no estaba en su agenda, y por tanto no cabe hablar de un incremento de los precios de intervención. Esto es una evidencia palmaria como ya comentamos: no tiene sentido incrementar los precios de intervención sin contingentación de la producción, y no tiene sentido que los políticos españoles soliciten ese incremento de los precios de intervención, máximo cuando ello solo favorece en mayor proporción a los países más excedentarios.
Las decisiones que se adoptaron en el Consejo son una simple renovación de las medidas ya existentes, que ya demostraron su ineficacia para abordar la actual situación de crisis; por una parte se incrementaron, prácticamente duplicando, las cantidades de productos a intervenir y, por otra parte, se aprobó el desarrollo de una novedosa medida, la reducción voluntaria de la producción con el objetivo de reducir los suministros de leche a nivel europeo, pudiéndose establecer una ayuda nacional por un periodo de seis meses ampliables a otros seis a los ganaderos que voluntariamente reduzcan su producción, financiadas estas ayudas únicamente con fondos de los Estados miembros. El artículo 222 del Reglamento de la OCM, será la base legal que sustente esta medida, que curiosamente es una decisión que solo se puede adoptar durante los períodos de grave desequilibrio de los mercados, y solo cabe su aplicación si la Comisión ya adoptó medidas excepcionales para estabilizar el mercado, incluyendo el uso de la intervención pública o ayudas al almacenamiento privado. Corresponde a los Estados miembros decidir si participan o no en la implantación de esta medida en su territorio. Esto da lugar a un problema de disparidad en la aplicación de la medida, ya que algunos Estados miembros podrán decidir no participar, y sin embargo, sus productores se beneficiarán de cualquier aumento en el precio de la leche de la UE debido a las reducciones de suministro voluntarias en otros Estados miembros. El ministro irlandés de Agricultura ha dejado claro que Irlanda no participará de un sistema voluntario de reducción de los suministros. Curiosamente los irlandeses incrementaron la producción entre 2014/2015 un 13% y es un país que contribuye de forma clara a la situación estructural de exceso de producción de leche en Europa. Cabría preguntar a los representantes políticos de nuestro país si tienen previsto implementar esta medida, en un país que de sobra es conocido que su producción no llega a cubrir el 65 % de su consumo: no parecería lógico que España destinase recursos económicos para la aplicación de esta medida.
Entiendo que los efectos de esta medida, a corto/medio plazo, van a ser más que reducidos, mientras que unos ganaderos disminuyen su producción otros pueden realizar tantos incrementos como consideren oportuno, con lo que el objetivo de esta medida de acercar oferta a demanda estaría muy lejos de conseguirse
Lo que a la fecha de hoy, después del último Consejo de Agricultura, se evidenció fue que la posición de las instituciones europeas, tanto de la Comisión como del Consejo, es no enmendarla, manteniendo las mismas medidas que llevaron al sector lechero europeo a la situación de grave crisis que vive en la actualidad. No existe el más mínimo indicio de rectificación, todo parece que se realiza, de forma programada y consciente, para provocar una absoluta reforma/derribo del actual sector lácteo; todo parece que se realiza para que los que sean capaces de resistir de forma temporal a la actual situación de bajos precios permanezcan en el sector, mientras se espera que muchas explotaciones desaparezcan por el camino. Este, entiendo yo, es el futuro que las instituciones europeas planificaron para el sector productor de leche europeo.
En mi opinión, y frente a lo ya comentado respecto a lo manifestado por el responsable de nuestro ministerio, las soluciones existen. En primer lugar manifestar que la base cooperativa de nuestra principal industria láctea CAPSA, permite una situación de ventaja para nuestros ganaderos, tanto en estabilidad como en los precios que perciben por la leche entregada, y ello tiene un efecto locomotora o de arrastre del resto de la industria que adquiere leche de productores asturianos. Además nuestros ganaderos tienen un cierto margen de maniobra, siempre que sean conscientes de las nuevas reglas que regulan, o mejor dicho han dejado de regular el sector lácteo europeo. Es de reconocer que pequeño, pero el margen existe.
Por una parte, deberían adoptar todas aquellas medidas que les permitan reducir sus costes de producción, llegó el momento de ajustar al máximo sus costes, y me consta que muchas de nuestras explotaciones sí tienen un margen de maniobra no desdeñable. Por otra parte, en muchos casos sería más que necesario establecer medidas tendentes a diferir su deuda, renegociando la misma, ya que muchas son las explotaciones con un elevado nivel de endeudamiento que ven actualmente comprometida su viabilidad. Es necesario adoptar medidas de resistencia a la actual situación, a la espera de que en el medio plazo el mercado por sí mismo permita a los ganaderos obtener mejores precios por la leche vendida, ganar el futuro no parece que vaya a ser fácil, pero lo que sí parece más que evidente es que con desánimo o fatalismo el futuro no se gana. La toma de decisiones inteligentes que en cada caso deben adoptar nuestros ganaderos para adaptarse a esta nueva realidad, será su único pasaporte al futuro.
Además, es de esperar que tanto la administración del Estado como la autonómica, adopten, en la medida de sus posibilidades, actuaciones que permitan a nuestros ganaderos atemperar la actual crisis. Posibilidades existen, lo que es necesario es tener auténtica y decidida voluntad política de apostar por el sector.
