Black Rock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo -gestiona activos de clientes de 4,2 billones de euros- ha advertido de que la incertidumbre electoral en Cataluña es el riesgo político más serio que afronta la eurozona a corto plazo, señalando, incluso, que los resultados y actuaciones posteriores al 27 de septiembre suscitan mayor preocupación que el comportamiento del nuevo Gobierno griego.
Si hubiera alguna duda, está bien claro que cuando aquí se despachaba el "procés" de Mas como simple ejercicio de unas elecciones regionales, en los círculos económicos y políticos del entorno se valoraban los peligros y se ponía el diagnóstico sobre las posibilidades de reconducir el desafío soberanista.
Ha habido mucha superficialidad e incluso hipocresía a la hora de calificar por parte del Gobierno el activismo independentista, no olvidemos que Mariano Rajoy llegó a definirlo como "mera algarabía". La reacción ha sido tardía, con una pedagogía improvisada sobre las indudables nefastas consecuencias que tendría la desconexión de España por parte de un ejecutivo catalán. Parece como si el mensaje hubiese sido dictado para los españoles que no son catalanes ni viven en Cataluña, mientras olvidaban en precisar, en forma rotunda y bien sostenida, que sucedería con las pensiones, los sueldos, los títulos profesionales, la deslocalización empresarial, el corralito, la no protección en el extranjero y tantos otros condicionantes ciertos que supondrían la separación de España por causas emocionales.
Se ha recurrido en el último acto del drama, a la incorporación de actores del teatro político europeo y americano. Han participado con papeles similares Angela Merkel, Hollande, Cameron, Juncker, Sarkozy, Obama, Santos y otros personajes de relieve, de tal manera que pudiera interpretarse como la internacionalización de un problema interno de España. La otra cara del marketing político la da el obispo de Solsona haciendo sonar las campanas para la "llibertat" del pueblo catalán. Lamentable.
El telón se bajará en las próximas horas, despejando algunas incertidumbres pero abriendo nuevos escenarios para embridar o continuar soportando el disparate independentista, de larga tradición desestabilizadora para la convivencia en España.
El separatismo catalán fue una de las causas del fracaso de la I República, que terminó con la entrada de Pavía en las Cortes. Participó decisivamente en el hundimiento de la II República ,que daría lugar a la dictadura y la traicionó durante la guerra civil. Ahora está a punto de acabar con los más de cuarenta años de paz y estabilidad de la España constitucional.
Al Gobierno corresponde hacer frente a este golpe de Estado, utilizando todos los recursos del poder legítimo. Tiene el amparo de la Constitución, del Código Penal, de la Ley de Seguridad Nacional y pasado mañana de la Ley de Reforma del Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno puede declarar "situación de interés para la seguridad nacional" con el fin de garantizar la defensa e integridad de España y "sus principios y valores constitucionales" y así disponer directamente de todos los medios "materiales y humanos" para hacer frente a las amenazas.
La política de apaciguamiento ha fracasado y rozado la traición al Estado. Rajoy está hablando de respuesta moderada y acaba sembrando sospechas de que se repita el chalaneo y la blandenguería acostumbrada. La opinión pública mayoritaria no pide los tanques, pero sí que se actúe con firmeza frente a tanta desvergüenza. El diálogo con los independentistas es perder el tiempo porque ya no admiten ningún modelo de encaje en la Constitución, ni siquiera el Estado Federal. Frente a los nacionalismos territoriales está la libertad e igualdad de todos los españoles, amparados por la legalidad constitucional.
