Para el gran público ha pasado desapercibido. No se ha visto ni una sola mención al asunto en los medios de comunicación. Nadie ha hecho el más mínimo comentario al respecto. Como no es una cuestión sobre el euro, el déficit presupuestario, la prima de riesgo ni ninguna otra pariente económica, pues no se le hecho ni caso. La cosa queda lejos porque, además, poca gente sabe lo que es una directiva del Consejo y del Parlamento. Me refiero a los europeos, por supuesto.
Con bastante razón, generalmente se piensa que el Parlamento europeo es un gran cementerio de elefantes, una dehesa para los políticos sobreros de tienta. Los diferentes partidos de casi todos los países envían allí como diputados, en una jubilación dorada, a los que aquí están amortizados, a los que ya molestan, a los díscolos versos sueltos. No se les puede mandar para casa a hacer calceta sin más, porque se les debe mucho o saben demasiado y se les teme. Así que, anda, vete al chollo de Bruselas y calla la boca, que allí vas a estar como una reina, con un sueldo morrocotudo, con dietas y viáticos kilométricos, y con billetes en primera de papo y sin preocupaciones de tener que hacer reservas porque, si el avión está completo, apean a quien sea para hacerte un hueco. Qué más quieres, si además te puedes llevar de ayudante al novio de tu hija o al cuñado inútil, que así se gana unas perrillas el hombre.
En el Parlamento europeo se hacen declaraciones grandilocuentes, que quedan muy bien y no sirven para nada. La verdad es que también se aprueban normas jurídicas, que allí no se llaman leyes, sino reglamentos y directivas. Normalmente son un peñazo insufrible, que a veces regulan cosas tan insospechadas y absurdas como la forma de las aceiteras y las vinagreras que deben tener los restaurantes al servicio de los clientes. En algo se tienen que entretener las pobres criaturitas.
De vez en cuando, los parlamentarios europeos nos sorprenden con alguna decisión interesante, conveniente y útil. Sin ir más lejos y recientemente, se puede decir que se han ganado su sueldo suculento, aprobando una directiva por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, que obliga a los países miembros a modificar sus normas internas para adaptarse a ella en el plazo máximo de dos años. Por aquí nadie se ha hecho eco de esta noticia, que ha pasado sin pena ni gloria, salvo para algunos operadores jurídicos, como llaman los cursis a los jueces, fiscales, abogados, juristas, rábulas y demás leguleyos.
Alguno podrá pensar que esta directiva es algo superfluo, como el regar las calles cuando llueve. En nuestra Constitución ya se reconoce el derecho a la presunción de inocencia, como en todos los países europeos. Es verdad y son muchos los sesudos estudios y las sentencias de todo tipo de tribunales que tratan de ello. Pues, amigo, a pesar de esto, es muy oportuno que se regulen determinados aspectos de ese derecho que tienen todos los ciudadanos a ser considerados inocentes mientras no se les condene por una sentencia firme, tras el debido juicio público con todas las garantías. Es oportuno y necesario, sobremanera en España, donde nos hemos pasado de la raya.
Con las vacas flacas de la crisis nos dimos cuenta de que la piel de toro española estaba invadida por la sarna de la corrupción, que cuando todo iba bien a nadie le picaba. Había que desinfectar y nos pasamos de frenada. Ahora, el personal ya trata como culpable, no sólo a cualquier investigado, sino hasta a su vecino del quinto. Está bien luchar contra la corrupción política, como contra cualquier delito. Pero para ello no podemos destruir el derecho de todos a ser tratados como inocentes hasta que no haya un juicio y una condena, porque es uno de los pilares de la democracia.
