Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, celebrado hace unas semanas, quiero sumarme a las justas e inexcusables reivindicaciones de reconocimiento por parte de profesionales, instituciones y agentes sociales, de más investigación para lograr un mejor diagnóstico y tratamiento, de una mejora en la atención sanitaria, así como un acceso equitativo al mercado laboral y a las prestaciones sociales cuando esta enfermedad, que padecen al menos 1.300.000 españoles, les incapacite para trabajar.
Una vez más los poderes legislativo y ejecutivo no sólo no cumplen en tiempo con su competencia sino que actúan como una rémora ante una necesidad que tienen que cubrir. Afortunadamente están el poder judicial, al amparo del principio pro persona en su aplicación e interpretación de la normativa más amplia y extensiva en favor de los Derechos Humanos; el cuarto poder o medios de comunicación, a través de su capacidad de influencia por la información que realiza y divulga; y la propia sociedad con la tramitación de una iniciativa legislativa popular.
Así la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha considerado en una reciente Sentencia que la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica es motivo para declarar la Invalidez Permanente Absoluta.
Fundamenta la Sala que ya sólo por la gravedad de la propia enfermedad y el grado padecido, se debe reconocer que, aún con aptitudes para hacer alguna actividad, se carece de facultades reales para consumar el trabajo con cierta eficacia. La incapacidad debe ser entendida como la merma de capacidad por reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan la capacidad laboral, y sin que obste a la calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral cuando ésta se presente como incierta o muy a largo plazo.
