Cuando los desahucios en España se contaban por cientos de miles y una mujer en Barakaldo se tiró por la ventana de la que había sido su casa, entonces las ejecuciones hipotecarias se convirtieron en tema de interés para la mayoría de la población, casi al mismo nivel que el desempleo y muy por encima del terrorismo. De aquella, tuve que explicarle a un tío mío, socialista desencantado, las líneas generales de la ley hipotecaria de 1909 y que los gobiernos del PSOE habían mantenido inmaculada. Contestó sorprendido, "¿y qué opinan los jueces?". Cayó en la clásica confusión entre ley y justicia.
La ley es objetiva, es lo que es. Un texto al que los jueces deben ceñirse para determinar quién tiene razón en un litigio y si acaso interpretar cuando la situación no se resuelve con la literalidad de la ley. La justicia es subjetiva, cada persona tiene su propia idea de lo que debe ser. Lo justo o lo injusto forman parte de la moral de cada una. Hay personas que consideran que es justo que una mujer pueda conducir o abrir un negocio en igualdad con un hombre. Esos actos, que en Europa son legales, en Arabia Saudí no lo son y, no hace tanto tiempo, en España exigían la autorización del marido. Hay personas que consideran justo que una niña de 12 años trabaje 10 horas diarias 6 días a la semana por 30 euros mensuales, suponemos que esa es la idea de Inditex porque como las leyes españolas no se lo permiten entonces acuden a países como Bangladesh cuyo ordenamiento es conforme a esta moral. Hay quien considera justo que una persona que no puede trabajar porque no encuentra empleo o porque su salud o edad no se lo permiten reciba un dinero para poder subsistir y también hay quien considera injusto tener que financiar esas transferencias con sus impuestos. Unos y otros pugnan por mayores o menores coberturas de los sistemas de protección social. Cuando Rajoy anunció el recorte de las prestaciones por desempleo Andrea Fabra festejó con un "que se jodan" el que su idea de justicia se convirtiese en norma legal. Cada cual lucha por adaptar el ordenamiento legal de su país a su idea de justicia.
A algunas personas nos parece injusto que no se convoquen plazas de empleo público en un ayuntamiento para atender los edificios municipales, acondicionar calles y caminos o reparar colegios y que estas necesidades se cubran con planes de empleo por media paga. No veo de justicia que la persona X tenga cerrada la posibilidad de acceder a una plaza en plantilla pero pueda desarrollar el trabajo asociado a esa plaza durante 1 año por el sueldo mínimo. El ordenamiento jurídico dice que este uso de los planes de empleo es ilegal. En el PSOE local no están por usar la imaginación y buscar otra forma de acceder a las subvenciones europeas. En el fondo, el uso que han hecho de los planes de empleo les parece justo y entonces reivindican que se cree una nueva modalidad de contratación que ampare esta situación y la convierta en legal; un contrato basura que consolide las bolsas de precariedad en la administración pública. Si dudan sobre esto y les piden explicaciones, ellos y ellas les dirán que así se conseguiría dar oportunidades de empleo. El argumento es muy viejo y lo habrán escuchado en muchas versiones. Decía la periodista Isabel San Sebastián "es mejor un trabajo de 400 euros al mes que nada". En efecto, el ordenamiento jurídico que gente como ella defiende es más justo que el esclavismo. Demos gracias.
