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Abogado

Pedro Sánchez y la investidura

Sobre por qué no se entiende la actitud del PSOE en el proceso de formar Gobierno

Un verano más he tenido oportunidad de reunirme con un amigo investigador que trabaja en Alemania en un instituto investigador puntero en el mundo. Hablamos de la situación de la investigación en España, de los retos que tiene Europa ante sí y, cómo no, de la situación social y política de nuestro país.

Me decía mi amigo, que ni él ni sus colegas alemanes entendían la situación política española. Que no entendían ni que Rajoy no hubiera dimitido tras los múltiples procesos judiciales abiertos frente a su partido o sus dirigentes por corrupción, ni que tampoco lo hubiera hecho Pedro Sánchez, tras cosechar por dos veces consecutivas los peores resultados electorales de su partido.

Pero más aún que eso, le chocaba a mi amigo que durante estos ya largos ocho meses sin Gobierno, los dos partidos más votados no hubieran emprendido un proceso negociador sobre programas, limitándose el líder socialista -en un cansino juego táctico- a vetar al líder del centro derecha, en lugar de aprovechar la insuficiente mayoría parlamentaria de éste para imponer condiciones al apoyo o abstención de su partido a la investidura.

Me animaba mi amigo a escribir sobre el tema, ofrecimiento que inicialmente rechacé, porque mis columnas pretenden estar al margen de la política, pero a medida que ha transcurrido el mes de agosto y veía cada día cómo se enquistaba el problema, me he replanteado hacerlo y aquí está la respuesta.

Recordaba mis años de adolescencia, recordaba los Pactos de la Moncloa; y me preguntaba ¿cómo había sido posible que hablasen y pactasen líderes tan antagónicos como Manuel Fraga, Santiago Carrillo y Felipe González y hoy los dirigentes políticos de uno u otro signo no sean capaces de hacerlo?

Revisando en la red lo que supuso aquella época resulta aleccionador el discurso del recién nombrado vicepresidente segundo para asuntos económicos, Enrique Fuentes Quintana. El vicepresidente compareció ante la opinión pública y leyó un texto durante poco más de 16 minutos explicando los problemas que acuciaban a la nación y que la solución a los mismos no era económica sino política.

"El camino" -afirmaba el vicepresidente- "es la negociación. El país ha mostrado un deseo inequívoco e irreversible de renuncia a la imposición como vía para resolver los conflictos, y porque la oposición es parte del poder. Los problemas planteados son problemas que afectan al interés nacional, y que exigen para su solución la participación de todos los grupos y de todos los partidos".

Ese intenso y sincero discurso fue la declaración de intenciones de los históricos Pactos de la Moncloa, que llegarían a firmarse cuatro meses después y en cuyo prologo se afirmaba: "Para que en España se consolide la democracia y pasemos de una situación económica de crisis a una de prosperidad, de un presente difícil a un futuro confortable es necesario que el consenso de la Moncloa no se limite a los agentes de la negociación, ni siquiera a los militantes de los respectivos partidos. Es necesario que aquella conciencia y aquel patriotismo que señalamos antes sean actitudes compartidas por todos los españoles. De aquí la presente publicación, que no quiere limitarse a ser una simple invitación a la lectura de unas gestiones acaecidas entre los políticos en Madrid, sino una invitación a cada lector para que participe activamente con su adhesión lúcida en la construcción de la democracia española".

Nadie duda de que la clave del éxito de esos pactos fue la predisposición al consenso entre los políticos de aquel entonces. Principalmente y sin menospreciar a los demás, el designado presidente Adolfo Suárez, Felipe González por el PSOE y Santiago Carrillo por el Partido Comunista Español, que había sido legalizado a principios de ese año.

También se conoce que llegar al acuerdo no fue para nada sencillo y que todos, sin excepciones, tuvieron que hacer concesiones. En el terreno político se acordó la aprobación del derecho de reunión, de asociación política y de libertad de expresión, la despenalización de la tortura y se limitaron las restricciones a la libertad de prensa quedando prohibida la censura previa.

También se reconoció el derecho de asociación sindical. En el terreno económico se establecieron importantes medidas de política monetaria para contener la inflación; la reforma de la administración tributaria ante el déficit público, así como medidas de control financiero ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior. El pacto fue -como debería serlo ahora- fruto de la necesidad. El Gobierno de entonces había ganado las elecciones cuatro meses atrás con poco más del 35 por ciento de los votos. Con el electorado fragmentado y las calles llenas de manifestaciones, se vio obligado a llegar a acuerdos con la oposición. De alguna manera, se trataba de pensar más allá del cortoplacismo de partido y -como escribiera un analista- "de encontrar una nueva identidad de país, aceptada también por el mundo exterior".

El problema actual es que los líderes de los dos grandes partidos políticos, el PP y el PSOE, adolecen de una total falta de talla política. A ninguno de los dos se les ha oído hablar de lo que necesita acuciantemente el país. De cómo solucionar los problemas reales que tenemos que enfrentar.

El primero se ha enrocado en una actitud de espera, y el segundo se ha atrincherado en el "no es no" a Rajoy, cuando precisamente tendría en su mano imponer al primero las condiciones para abstenerse o incluso plantear entrar en un gobierno de concentración que en un plazo de dos años abordase las reformas que necesita el país para los próximos 20 años: un plan nacional por el empleo y una regulación para el futuro del mercado laboral, una ley de educación no partidista y con vocación de perdurar en el tiempo, un plan nacional contra la corrupción, la resolución del problema catalán y vasco y en definitiva de la estructura territorial del Estado, la reforma de la Administración, la reducción del déficit público y el futuro de la Seguridad Social y las pensiones.

Haciéndolo accedería a la primera línea política, tomaría la iniciativa, pondría a Rajoy y al PP ante la disyuntiva de pactar o ver como la opinión pública le culparía de la celebración de otras nuevas elecciones. Por qué Pedro Sánchez y el PSOE no actúan así es, para mí, algo inexplicable, y no es que lo piense yo, hasta seis exministros socialistas -Javier Solana, Joaquín Almunia, José María Maravall, Mercedes Cabrera, Tomás de la Quadra Salcedo y César Antonio Molina- han instado a "buscar acuerdos y soluciones en vez de proseguir obsesionados por identificar culpables sobre los que centrifugar responsabilidades indeclinables".

Todos ellos coinciden en "la necesidad de poner fin al paréntesis de interinidad que supone un gobierno en funciones" desde finales de 2015. Por eso, entienden que "todas las fuerzas políticas" deben anteponer los intereses generales y que no haya nuevas elecciones a las "ventajas estratégicas o intereses partidistas".

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