La abulia legislativa en materia laboral del Gobierno -que sigue en funciones- es tal que cabría exigir a sus miembros la devolución de las generosas remuneraciones que perciben por calentar los mullidos sillones del Congreso. Fruto de esa inoperancia, fácil de confundir con desidia, el marco legal de los planes de empleo sigue cogido con alfileres y el legítimo temor de los ayuntamientos a embarcarse en la realización de contrataciones que pueden volverse en su contra impide dar trabajo a cientos de personas, parados que tienen en ese programa de corte social un salvavidas para ir tirando. Va para seis años que resultó evidente la necesidad de un modelo de contrato diseñado ex profeso para los planes de empleo y blindado en cuanto a las obligaciones posteriores de las administraciones contratantes de ese personal. Y el Gobierno, de perfil. Peor aún, algunos ministros se hinchan como pavos reales cuando hablan de sus "eficaces políticas de empleo". Lo que hay que oír.
