La polémica por la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los hórreos y paneras se ha colado hasta la cocina en algunos concejos eminentemente rurales de la región, como es el caso de Gozón, con encendidos debates políticos y vecinales. Los dueños se preguntan cómo es posible que tengan que asumir esta carga por unas construcciones móviles y empleadas habitualmente como almacenes. Los alcaldes responden que se limitan a cumplir con una reciente revisión catastral que ha cambiado la catalogación de este símbolo del paisaje y el paisanaje asturianos. Y algunos concejales de la oposición reprochan a los regidores que no apliquen bonificaciones a su alcance. Detrás de este enredo en las aldeas, donde los contribuyentes llevan una vez más las de perder, está el modelo de financiación de los ayuntamientos, que necesitan más que nunca de este impuesto tras el huracán de una crisis que dejó tiritando sus arcones.
