La opinión más generalizada califica de bochornosa la sesión parlamentaria del el pasado jueves que derogó, por mayoría de votos, el decreto ley presentado por el Ejecutivo para regular la estiba, el servicio portuario de manipulación de mercancías, que actualmente según el Tribunal de Justicia de la UE incumple el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, al desarrollar un régimen de monopolio, atentando gravemente contra el derecho de libre contratación y con prácticas discriminatorias por sexo y nepotismo.
El contencioso con Bruselas viene de lejos y el Reino de España ya está condenado a pagar 21 millones de euros por incumplimiento de la directiva europea que regula la normativa sobre la estiba portuaria, y tendrá que afrontar nuevas sanciones que al final de año alcanzarán los 50 millones si continua la situación actual.
Las razones del voto negativo de 174 diputados ponen de relieve el pecado original que arrastran los partidos, cuando en su estrategia privan los intereses propios frente al beneficio general. De tal forma que son capaces de caer en la incoherencia más palpable respecto a su declarada ideología.
Con esos modos se despachó el PSOE, que inmerso en su proceso de primarias, no tiene clara su hoja de ruta como alternativa de gobierno y responsabilidad de Estado. Tanto la gestora, como Patxi López y Susana Díaz, reniegan del interés general con tal de sacudirse posibles acusaciones de ser apoyos de Mariano Rajoy.
Al final, quien marcó la pauta fue Pedro Sánchez con un nuevo e histórico bloqueo del Gobierno. Y hablando de incoherencia ideológica no se entiende que diputados del PSOE se levanten en el hemiciclo para aplaudir a un sindicato corporativo, que manda a "fregar" a las mujeres que pretenden ser estibadoras y que está denunciado en la OIT.
Respecto a Ciudadanos, ellos mismos se están excluyendo de formulaciones programáticas. Se titulan "liberales", pero repudian la "liberalización" de un sector clave en la economía. Si se añade la escasa fiabilidad en los compromisos habrá que convenir que Albert Rivera va camino de ser aún más residual.
El daño que el conflicto está produciendo a la economía española supera ya los 800 millones de euros, pero puede ser mucho más cuantioso si se entra en huelgas paralizantes en los puertos, ya que nuestro comercio usa la vía marítima de forma prevalente.
Un colectivo privilegiado, al margen de sus retribuciones, de 6.000 trabajadores no puede reventar la economía del país, a millones de otros trabajadores y sectores productivos. Recuérdese cómo se actúo en el caso de los controladores aéreos y lo hizo un ministro socialista.
Es oportuno que sindicatos y empresas negocien, pero sería subvertir el sistema que el Gobierno renunciase a su función reguladora y más cuando no hay alternativa al incumplimiento.
El Ejecutivo ha sufrido un inmerecido, en este caso, varapalo y puede ser el anuncio de que, por esa senda, busquen la oposición y los aliados no fiables el bloqueo, el "no es no" de nuevo cuño que Mariano Rajoy no resistiría, especialmente si Pedro Sánchez vuelve.
Mientras el escenario no se aclare ya se ha advertido que serán los ciudadanos españoles los que tendrán que sacar diariamente 134.000 euros de sus bolsillos para pagar la multa por algo a lo que son ajenos.
