"El referéndum se hará sí o sí, diga lo que diga el Tribunal Constitucional". Este es el compromiso que el Gobierno de la Generalitat ha trasladado a los catalanes en un acto revestido de protocolo y simbología independentista. En el manifiesto que han firmado todos los miembros de aquel ejecutivo se comprometen a la celebración del referéndum, obviando las advertencias de ilicitud que han señalado los tribunales. Carles Puigdemont ha reiterado en este acto su propósito de "preparar, convocar y celebrar el referéndum". Por su parte Oriol Junqueras se ha comprometido con el mismo objetivo, añadiendo que Cataluña tendrá un papel clave en el ámbito internacional, una vez que las urnas den luz verde a la desconexión con España.
Hasta la saciedad, el Gobierno español ha reiterado que utilizará todos los instrumentos legales de los que dispone legítimamente para impedir el referéndum, pero quizás sea oportuno insistir, con todos los altavoces adecuados, en la imposibilidad de hecho y legal de una Cataluña fuera de España por la propia normativa de la UE .
A título divulgativo merece la pena explicar que el derecho comunitario establece en el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea (TUE) tres cláusulas de obligado cumplimiento para solicitar el ingreso en la UE como Estado miembro: la primera, ser un Estado europeo; la segunda, respeto a la integridad territorial de los Estados; y tercero, sometimiento al Estado de Derecho.
Con esas exigencias Cataluña no tiene ninguna posibilidad de que ni siquiera se considere una petición de incorporación a la UE. Respecto a la primera condición, hay que tener en cuenta que previamente hay que ser Estado. Cataluña necesitaría el reconocimiento unánime de los 27 miembros de la UE para obtener tal calificación.
La cláusula segunda establece que los Estados miembros no podrán reconocer como Estado a ninguna entidad que este sometida a la jurisdicción de un Estado. En la misma línea está la exigencia de que el candidato responda a los valores del Estado de Derecho, que no se cumple en el caso de una declaración unilateral de independencia o violentando la propia Constitución del país de origen. Cataluña no podría ampararse en su rebeldía. Como recordaba J. C. Piris, exdirector de los servicios jurídicos de la UE, las condiciones comunitarias son conformes con el Derecho Internacional Público y los fundamentos e la democracia.
Desde la esfera política algunos opinan, empujados por lobbys que promueven los independentistas, que las instituciones de la UE y algún Estado podrían presionar al Gobierno español para que fuese flexible y aceptase una reforma constitucional que diese vía a una posible escisión. Es una posición ilusoria y ningún dirigente europeo la suscribiría, aunque solo fuese para evitar efectos de contagio.
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras debieran tener un gesto de honradez política y explicar a los catalanes que el "proces" se hunde por imperio de las leyes españolas y comunitarias de la ansiada UE.
