El viejo concejo avilesino, en lo relativo a la unidad territorial de la villa de Avilés y las jurisdicciones de Illas y Castrillón, se constituye jurídicamente con la concesión del Alfoz por Fernando IV en 1309. Y así se conservó hasta la Revolución Liberal, en un proceso que se inicia en 1833, fecha en la que se constituye en Madrid la Real Compañía Asturiana de Minas, y que sustanció definitivamente a partir de 1836 con la segregación de las jurisdicciones.
Los antecedentes de la minería en Asturias los encontramos en documentos del Archivo de Simancas y en el Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla de 1832, en los que se recogen los lugares en donde se localizaba la minería existente en los siglos XVI y XVII en España. En esa documentación, aparecen tres anotaciones, en relación con Avilés:
La primera relativa a la carta dada a Pedro Solís de Avilés de fecha 13 de diciembre de 1569, "...para beneficiarse de una mina que descubrió en los concejos de Avilés y Llanera".
La segunda, dada el 11 de septiembre de 1593, por la que se daba "licencia a Fray Agustín Montero, de la orden de nuestra Señora del Carmen de Valladolid, para que pudiera beneficiarse de una mina de carbón que descubrió en término de Arancés, jurisdicción de Avilés, Principado de Asturias".
El 15 de noviembre de 1625, se extiende una Cédula Real para que Andrés Martínez Ballesteros pueda beneficiarse de varias minas que había descubierto en el Principado de Asturias. Una de ellas "...de carbón de piedra en el de Avilés...", posiblemente sea la primera noticia de la mina de Arnao.
En 1773, Carlos III encargó un estudio sobre las posibilidades de explotación minera en el territorio asturiano. Posteriormente, el conde de Toreno y Jovellanos hicieron informes sobre las posibilidades de explotaciones mineras en la región. Jovellanos relata en sus diarios, en la Segunda Expedición de Minas que coincide con el Itinerario IV, de Gijón a Avilés y Oviedo incluido, lo siguiente: "San Martín de los Pimientos Santa María del Mar, a la legua. Gran mina, excavación en dos partes, empezando por arriba, sin socavón ambas aguadas; veta de mucha anchura, expuesta al Norte y que corre Oriente-Poniente, a dos tiros del mar; playa abierta; en buen tiempo se pudiera cargar en gabarras remolcadas hasta Avilés. Ha dado mucho carbón, No parece todo igual, ni todo bueno, necesita mano inteligente para el desagüe, el apuntalamiento y el ahorro de excavación". Esta alusión de Jovellanos hace referencia a la mina de Arancés, en Santa María del Mar, cuya licencia a Fray Agustín habíamos citado. (José Manuel Feito tiene un estudio muy interesante sobre esta mina). Jovellanos, en su informe de 10 de mayo de 1791, concluye que la iniciativa particular sería la mejor manera de fomentar la minería.
En 1825, bajo el impulso del ministro de Fernando VII Luis López Ballesteros, se promulga la Ley de Minas. Bajo esta normativa se registran las primeras solicitudes de concesiones en Asturias. El Real Decreto de 4 de julio de 1825 desarrolla la Ley, estableciendo el procedimiento que debía seguirse para obtener concesiones. Asimismo, estipulaba que el subsuelo de los reinos de España era propiedad del Monarca, y solo podía explotarse si se obtenía una concesión Real, o la confirmación de los permisos existentes hasta ese momento. Las concesiones se hacían por tiempo ilimitado y, siempre que se cumpliesen las condiciones estipuladas, los beneficiarios podrían disfrutarlas como si se tratase de cualquier otra propiedad. En 1828, hubo una nueva concesión o franquicia a las explotaciones mineras, la de obtener a precio de costo la pólvora, el azufre, la sal y el azogue que necesitasen.
El desarrollo de la minería asturiana llega con la Real Orden de 1829, que trata de promover la explotación del carbón de hulla. Por esos años, Guillermo Schulz Schweizer comienza sus primeros estudios científicos en Asturias y, en 1830, será nombrado Comisario de Minas. En ese año, Juan de la Vieska pierde la concesión de la mina de Arnao por haber abandonado dichas minas, según los informes que elaboraron en Abril de ese año una Comisión de Facultativos.
A comienzos de 1832, Luis María de Salazar, ministro de Marina, quiso desarrollar en España la fundición de hierro para la fabricación de armamento y, para conseguir este objetivo, comisiona a Gregorio González Azaola, director de las Fundiciones Reales de Liérganes y La Cavada, para buscar en el extranjero, inversores y técnicos. El comisionado se reúne en Lieja con Nicolás Maximilien Lesoinne, con Felipe Riera Rosés y con los liberales exiliados Joaquín María Ferrer y Martín de los Heros. A finales de ese año, el Gobierno español firma un acuerdo, con Adolphe Lesoinne, ingeniero belga hijo de Nicolás Maximilien, para beneficiar la implantación en Asturias de Minas de carbón de piedra y establecer fundiciones de hierro.
En el verano de 1833, visitan Asturias el empresario siderúrgico belga John Cockerill y el ya citado Nicolás Maximilien Lesoinne. El motivo del viaje es examinar y reconocer sobre el terreno los lugares en los que se podrían establecer las explotaciones que proyectaban. John Cockerill se desengancha del proyecto y quedan en el mismo Nicolás Maximilien Lesoinne, belga, nacido en Lieja, de origen judío y miembro de la Cámara de Representantes de aquel país, y Joaquín María Ferrer Cafranga, vasco de Pasajes, diputado liberal en las Cortes de Cádiz y condenado a muerte en 1823, pena de la que logra escapar huyendo a Gibraltar y de allí a Francia, y Felipe Riera Rosés, catalán, nacido en Barcelona y nombrado marqués en 1833 por la Regente María Cristina. El proyecto a realizar es la explotación de carbón mineral. Va a ser el 4 de noviembre de 1833 cuando, los tres socios firman en Madrid un acta cursando la solicitud de autorización Real para llevar a cabo la explotación minera en Avilés. Será el 14 de noviembre de ese año cuando se apruebe la nueva concesión a la denominada Real Compañía Asturiana de Minas y, el 28 de diciembre, se escritura en Madrid el contrato en el que se especifican las condiciones de la futura explotación.
Guillermo Schulz Schweizer será el primer inspector del Distrito Minero de Asturias y Galicia, nombramiento que tuvo lugar en 1833 y su mandato se extendió hasta 1841. Fue Schulz, por tanto, el que tramitó los primeros desahucios y las primeras concesiones mineras de Asturias en base a esa nueva normativa, es decir, tuvo un papel fundamental en la concesión y la fundación de la Real Compañía Asturiana de Minas. En el documento fundacional, a la Real Compañía se le otorga "...el derecho exclusivo de beneficiar todas las minas de carbón de piedra en los límites definidos por el polígono formado por el camino de Avilés a Soto del Barco, la ría de Pravia, la costa hasta Avilés y hasta la punta del Llampero (cabo entre las playas de Xagó y Verdicio) y desde éste al fondo de la ría de Avilés". Pero también se establecía que la Compañía, tendría "...facultad para hacer los acopios que necesitase de madera, piedra, tierra para ladrillos... para establecer caminos de hierro y calzadas, permisos para importar maquinaria libre de todo pago de derechos real o municipal". (Iván Muñiz, en su reciente libro titulado "La piedra negra" hace un excelente trabajo sobre los orígenes de la minería en España).
La Real Compañía inicia así sus preparativos para iniciar el laboreo en diciembre de 1833. El mismo año en el que se habían dictado las primeras normas para la reordenación territorial española, suprimiendo las Cortes y Juntas de los antiguos Reinos; en el que se decreta la puesta en marcha de las Diputaciones Provinciales y se fijan los límites de las nuevas provincias; en el que se pone en marcha la maquinaria para suprimir los privilegios, y fueros de los antiguos Concejos del Antiguo Régimen y "reordenar" sus límites territoriales facilitando las segregaciones de territorios; en el que se establecen las nuevas competencias municipales y su subordinación en el ejercicio de las mismas a las nuevas Diputaciones y a los Gobernadores Provinciales de nuevo cuño; ese año de 1833, es en el que también se inician las concesiones mineras, concretamente en nuestro territorio, con la constitución de la Real Compañía Asturiana de Minas, corporación a la que se le conceden, amplísimas competencias en orden a la apropiación del suelo y del subsuelo de toda la comarca, creando una especie de territorio o zona franca, dependiente exclusivamente del Estado y fuera de toda influencia o control municipal.
A comienzos del siglo XIX continuaba a cargo del Justicia y Regimiento de Avilés la recaudación de tributos, entre los que se encontraban los de consumos e industrias. También había creado el Concejo, por primera vez, el impuesto sobre la explotación de las minas de carbón. Y tenemos constancia, por facturas correspondientes al año de 1835 del pago de los valores de Subsidio Industrial y de Comercio a la Administración de Rentas de Avilés, por la explotación de carbón de piedra en las minas de Santa María del Mar y Arnao, que realiza la Compañía Asturiana de Minas. En ese momento, todavía el concejo de Castrillón, al igual que el de Illas, eran jurisdicciones de Avilés, pero en 1833 se había puesto en marcha la maquinaria estatal para forzar la segregación, en 1835 se habían realizado elecciones para los nuevos Municipios Constitucionales y, a partir de 1836, las nuevas realidades municipales toman carta de naturaleza.
Así sucedió y así se lo he contado a ustedes, y también lo dejo anotado, en mi "Diario de a bordo".
