La preocupación ciudadana por asegurar la viabilidad del sistema de pensiones públicas está creciendo día a día. Sirva de comprobación la mayor atención que los medios dedican al tema y la intensidad del debate político. La cuestión está en la calle. Para mayor abundamiento, vale la reciente iniciativa del Colegio de Graduados Sociales de Asturias que decidió montar en la plaza La Escandalera de Oviedo unas mesas de orientación social y fueron las pensiones, en sus diversas problemáticas, cuantías, plazos y jubilaciones anticipadas, las que suscitaron mayores consultas.
Es evidente que aumenta la preocupación colectiva sobre la sostenibilidad del sistema de la seguridad pública de pensiones, hasta el punto de llegar a la airada protesta colectiva de pensionistas por medio de manifestaciones callejeras en diversas ciudades, y de forma multitudinaria en Madrid y Barcelona, incluso con cerco al Congreso de Diputados.
Hace algo más de cincuenta años que entró en vigor la Ley de Bases de la Seguridad Social, por la que se instauraba el modelo integrado de protección social que constituye nuestro sistema público de pensiones. A lo largo de ese periodo, la seguridad social ha sufrido diferentes reformas que buscaban garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo actual de pensiones.
El Pacto de Toledo, encargado de proponer la revitalización del sistema, no ha sido capaz, hasta ahora, de ofrecer soluciones consensuadas y válidas entre los partidos deliberantes. Mientras, crece la desazón en amplios sectores de la población. Los sabios del Pacto justifican el retraso señalando que han saltado por el aire todos los parámetros en los que se basa el sistema público de pensiones. Por un lado la caída de cotizaciones, a causa del paro prolongado. Así en el periodo 2008 a 2013, la Seguridad Social perdió dos millones doscientos mil afiliados y la recuperación está siendo lenta y quizás en 2020 se alcance un cierto equilibrio.
Otros factores diferenciales son tanto el disparo del índice de esperanza de vida, como, por el contrario, el retraso en la edad de incorporación al mercado de trabajo. A todo ello hay que añadir un déficit acumulado de 28.000 millones de euros.
Los manifestantes de estos días reclamaban revalorizaciones superiores al 0,25% actual, para de esta forma alcanzar pensiones dignas. Parece correcta tal petición, pero la realidad del momento y la propia estructura del sistema, van en sentido contrario. Los estudios señalan que sin una reforma a fondo no llegará al año 2050.
Las propuestas conocidas apuntan hacia pensiones menores, procedentes de la Seguridad Social pero complementadas con pensiones de procedencia privada, tales como fondos empresariales de aportación mixta, como de los conocidos planes de jubilación con renta vitalicia.
La otra fórmula, consistente en una fuerte aportación de procedencia fiscal, tiene muchas objeciones por sus repercusiones sobre otros sectores, tales como educación y sanidad, fundamentos, junto a las pensiones del estado de bienestar.
La alternativa de complementos públicos y privados tiene su talón de Aquiles en los bajos niveles de los salarios y también en la escasa cultura financiera de los españoles, cuando prefieren invertir sus ahorros en activos inmobiliarios en lugar de asegurarse con productos financieros.
Gran problema, grandísimo problema, buscar pensiones dignas y mejores salarios. ¿La cuadratura del círculo? Hace falta respuesta y que la sociedad civil se plante ante los políticos para que la cuestión se resuelva al margen de confrontaciones electorales.
