Las opiniones son diversas. Para muchos las personalidades condenadas por delitos de corrupción debieran entrar a la cárcel, pero ya. Hay quienes basándose en puro derecho entienden lo que está ocurriendo. La mayoría de los ciudadanos que saben lo que es esforzarse duramente para vivir valoran que el tema no es ese. El tema son las sentencias. Entienden más que nunca al juez Emilio Calatayud, y echan de menos sentencias como veinte años limpiando cunetas de carreteras locales, diez años llevando vida de persona sin techo o seis buscando materiales reutilizables en los vertederos. La cárcel tiene todo el sentido para quienes su vida en sociedad supone peligro para el resto de ciudadanos; pero éstos, que hasta pueden parecer educados, además de restituir, necesitan conocer el color de las manos llenas de ampollas tras ocho horas de trabajo, el calor del vaho exhalado bajo el cartón en gélidas mañanas de enero o el hedor de las basuras. Una celda, con no pocas comodidades, servida la comida, con la vigilancia especial por tratarse de quien se trata y con acceso a recursos formativos tanto impresos como digitales la pagamos todos. Cárcel no.
