Desde la llegada de Izquierda Unida (IU) a la alcaldía del Ayuntamiento de Mieres en mayo de 2011, el déficit de la Empresa Municipal de Transporte (Emutsa) se redujo en torno a un 40%, alcanzando el pasado año el mejor balance de la última década. Un balance especialmente positivo si se tiene en cuenta que durante dicha década Emutsa perdió ese mismo porcentaje de sus viajeros, a consecuencia de la contracción del empleo, ocio y comercio que trajo consigo la crisis económica.
Sin embargo, y con "nocturnidad y alevosía", el ministerio de Cristóbal Montoro pretende imponer a los mierenses el cierre de una empresa pública que presta un servicio tan esencial para toda la ciudadanía de un municipio con población tan dispersa y envejecida como es el transporte público. Un servicio necesario para que todos los vecinos y vecinas puedan acudir a su centro de trabajo, estudio o de salud; pero, sobremanera, para aquellos que no disponen de medios propios para desplazarse, generalmente los más desfavorecidos de la sociedad, la clase trabajadora más precarizada.
Parece que la estrategia del PP es clara: con la excusa de la reducción del gasto público, privatizar servicios municipales. Y sabemos perfectamente que tras toda privatización lo que se encuentra el ciudadano es un encarecimiento y empeoramiento de los servicios de que dispondrán las personas más necesitadas.
No es sorprendente, ciertamente, la medida adoptada por los populares, pues somos conocedores de que para dicho partido "lo público" es prácticamente equivalente a "falta de rentabilidad" y "funcionamiento anquilosado", frente a la "esfera de lo privado", cuya gestión sería más "eficiente" y donde brillaría la armonía espontánea de la "mano invisible" del mercado (dejando de lado, por poner un ejemplo, que, durante 2015, los salarios más bajos cayeron un 25,6 % en España, mientras los de los primeros ejecutivos del IBEX-35 escalaban un 80%).
Bajo la bandera de la necesidad de reducir la deuda de las entidades locales, el Ministerio de Hacienda utiliza la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como un instrumento de intervención en los consistorios que bloquea toda autonomía local, reduciendo servicios sociales básicos a puros términos contables y obligando, de facto, a privatizar aquellos que no generan beneficios.
Pero lo que es absolutamente falso, frente a lo que se quiere dar a entender de mala fe, es que los ayuntamientos sean los responsables de la deuda pública en España. De hecho, las entidades locales tienen una contribución más bien mínima a la misma: tan solo un 3,3 %; dándose, además, la circunstancia de ser las únicas administraciones en situación de holgado superávit presupuestario, frente al claro déficit de todas las restantes. Y lo que ya resulta el colmo es constatar cómo buena parte de los ayuntamientos más endeudados de nuestro país ¡son ciudades que fueron gobernadas por los populares durante más de veinte años!: Madrid, Valencia, Málaga... Prueba indudable de la "eficiencia" de los postulados ideológicos de calle Génova. Ni la deuda pública ni el déficit, por tanto, justifican las medidas "austeritarias" adoptadas por el PP. Como suele ocurrir, pagan justos próximos por lejanos pecadores.
Verdaderamente, es un caso de corrupción ideológica extrema el que a una Ley que obliga a privatizar servicios públicos se la denomine Ley de "Racionalización" y Sostenibilidad Financiera. Y todo ello, insistimos, bajo el pretexto de la rentabilidad económica. Esa es la idea que manejan en el PP de "racionalidad": dejar a miles de personas dispersas, y de edad avanzada en su mayoría, sin su necesario transporte público. Como también es un ejemplo de una flagrante corrupción intelectual reducir el concepto tecnocrático de déficit al ámbito económico y financiero. El principal problema político no reside en que una empresa pública sea deficitaria. Más bien habría que invertir el planteamiento neoliberal: una sociedad es "deficitaria" cuando deja de prestar servicios públicos y de calidad a sus ciudadanos.
Emutsa es una empresa de transporte que ofrece un servicio irremplazable al que recurren unos 800 mil viajeros al año en nuestro concejo, lo que supone unas 2.100 personas diarias que emplean dicho transporte. Entre ellas: madres, abuelas o estudiantes. Y es que hablamos de personas, no sólo de números. Reflexionemos recurriendo a una analogía: ¿se decide una operación quirúrgica en función del gasto que supone o en relación con las necesidades de supervivencia, salud y bienestar del paciente?
La sanidad, la educación o el transporte no son negocios privados, sino bienes públicos cuyo mantenimiento no puede ceñirse al criterio propio de un contable.
Desde el equipo de gobierno de Mieres ya hemos tomado cartas en el asunto. Un día después de recibir la notificación del Ministerio exigiendo, pese a sus posteriores rectificaciones, la "disolución automática" de la empresa, nuestro alcalde, Aníbal Vázquez, trasladó una primera respuesta al tajante requerimiento señalando los errores constatables en los plazos señalados en el mismo y tratar de paralizar, así, la decisión del PP. También trasladó nuestro alcalde estos hechos a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de coordinar una respuesta institucional y social ante esta última embestida del PP a los servicios públicos municipales. Además, nuestra concejala de Urbanismo, Delia Campomanes, ha reforzado el asesoramiento jurídico a Emutsa en preparación de la batalla legal que de estas circunstancias pudieran derivarse.
Según palabras de David Harvey, vivimos tiempos en que "el capitalismo internaliza prácticas caníbales, depredadoras y fraudulentas" consistentes en la "acumulación por desposesión" de los bienes y servicios públicos que fueron conquistados históricamente por la clase trabajadora; en otros términos, por "la parte de sin los parte". De nuestra lucha contra este "canibalismo político", que nos arranca los pocos derechos que nos quedan, y tanto costó conseguir, depende nuestro futuro.
Desde el gobierno de Mieres, seguiremos dando la batalla para defender el mantenimiento de los servicios municipales. No estamos solos. Contamos con el apoyo de toda una población que se niega a que se pague antes a los bancos que la nómina de los trabajadores, que defiende un sólido sistema de servicios públicos y que, por supuesto, no va a aceptar que nos cierren una Empresa Municipal de Transportes con ya 60 años de brillante historia en favor de los mierenses.
