La proverbial voracidad de promotores y constructores se manifiesta, particular y colectivamente, aún hoy en día, con la burbuja reventada tiempo ha. Un par de ejemplos de por aquí lo pueden dejar claro; el primero es el de las reclamaciones de las cantidades abonadas a los vendedores de los prados de Castiello, en Gijón, que compraron a la espera de la recalificación del luego anulado PGO de 2011. Los tribunales les están diciendo que de eso nada, monada y que por muchas cauciones que hayan puesto en los contratos de compraventa lo pagado bien pagado está. La segunda se refiere a los socios privados de Sogepsa, minoritarios, que pretenden sea el gobierno del Principado, es decir, el procomún, quien se coma el marronazo completo del polígono de Bobes y que ha puesto en jaque a la sociedad urbanística de capital mixto público/privado. El argumento de Serafín Abilio Martínez "et alii", de la patronal del sector, es que ya que el Principado es el socio mayoritario, pague por todos, que "el sector está muy mal". No han perdido la forma ni en los tiempos duros: la cara más dura que el hormigón y las fauces dispuestas a devorar todo lo que se les ponga por delante. Hay negocios para los que se ha de ser de una pasta especial, o es que ciertas mañas vienen dadas con la profesión.
Hay otro tipo de voracidad más de andar por casa, pongamos que más familiar. Es el que se refiere a las residencias de personas mayores dependientes del Principado que administra el ERA. Al final, la actitud de unos aparentemente inofensivos herederos de algunos fallecidos antiguos residentes en estos establecimientos es la misma que la del cualquier tiburón del ladrillo: pretenden quedarse con la herencia completita y que los gastos provocados por el residente los paguemos entre todos. Lo más llamativo es que esos egoístas que pretenden darnos el timo quieran hacer aparecer a la consejería del gobierno asturiano correspondiente como la culpable de todo. La actitud de los familiares que pretenden quedarse con las herencias completas de sus antecesores, sin atender a las deudas contraídas por éstos, no tiene un pase. Y si no lo quieren hacer por las buenas, la hacienda pública correspondiente tendrá que proceder, sin contemplaciones mediante el fulminante embargo, como hace con cualquier deudor de cualquiera de las administraciones, salvo que estén dispuestos, previo reconocimiento de la deuda, a la negociación de unos plazos para el pago de dicha deuda, que tampoco se trata de atragantar a nadie. El de las herencias es terreno resbaladizo que suele provocar malos humores: si los provoca entre los integrantes de una misma familia no es de extrañar que lo haga con la administración regional; pero no es de recibo que se nos cargue a todos con lo que son deudas contraídas por particulares, salvo, claro está, que estemos hablando de casos de necesidad perentoria que entran de lleno en el campo de la solidaridad social.
Estos días anduvimos metidos en los vericuetos del debate de investidura. Se escucharon toda clase de discursos, pero sólo una intervención nos produjo vergüenza ajena y esa fue la de Isidro Martínez Oblanca, el diputado del Foro casquista. Qué reducción a lo mínimo, qué impropiedad de lo expresado con lo que estaba en juego en el salón de plenos del Congreso, qué falta de coherencia. Para esto es lo que dan a estas alturas las huestes de Cascos: ridículos e improcedencias. Para esto es lo que dio el pacto electoral entre el PP y el FAC que, esperemos, ni se repita en las elecciones por venir, al paso que vamos, en junio próximo.
Y mientras todas estas cosas ocurren, en el pueblo la vida sigue igual, al igual que en la canción, con algunas pocas calles sufriendo obras eternas y con la vida municipal sumida en la inoperancia y la rutina. Apetecería buscar otros destinos y abandonar este mal remedo de ciudad en que las autoridades municipales están dejando a esta villa marinera, si no fuera porque somos conscientes de que todo, hasta algo tan indecente como lo que estamos soportando, tiene enmienda.
