Quizás ustedes aún no lo sepan pero este curso académico que empieza, cuando regresen a la rutina de dejar a sus hijos en el cole -tanto público como privado-, podrán tener la certeza de que ninguno de los adultos con los que los críos se relacionen allí ha sido condenado por delitos sexuales. Ni agresiones, abusos, acoso o exhibicionismo; tampoco prostitución, explotación sexual, corrupción de menores o trata de seres humanos. Nada.
No sé si esta certeza les tranquiliza en relación a una inquietud previamente existente o les pone en desasosegante alerta acerca de los muchos lugares donde existen peligros acechando a sus retoños sin que ustedes hubieran tenido plena consciencia de ello. Me inclino por lo segundo porque a mí me habría ocurrido lo mismo, tal fue mi confianza en las personas en cuyas manos dejé diariamente y durante lustros la inocente y feliz infancia de mis hijos. Si aquellos profesionales hubieran debido demostrarme que estaban limpios de delitos sexuales, habría entendido que entre ellos podría andar agazapada una alimaña. Habría perdido esa inocencia.
Sin embargo, las estadísticas nos dicen que así es, que en los entornos habituales de niños y niñas -en primer lugar, las propias familias- es donde corren mayor riesgo; después figura el ámbito escolar y el de las actividades de ocio y deporte. Blindar también el mundo doméstico de los críos, tirando de censo, estudiando los círculos afectivos y sociales de sus padres y realizando los oportunos estudios de antecedentes, sería una labor tan exponencialmente exhaustiva que casi parecería tener más sentido hecha a la inversa, es decir, extraer de la sociedad a las personas con pasado, aislarlas a ellas, juntarlas, llevarlas a un lugar lejano, controlado, preventivo. Obviamente esto no nos protegería del delincuente debutante pero sí del cazado. ¿Tiene esto sentido?
En nuestra sociedad, no. Tenemos derecho a la presunción de inocencia, a garantías jurídicas y, si delinquimos, también derecho a esa nueva oportunidad vital que llamamos reinserción. Así que, de nuevo en la casilla de salida y azuzadas por la realidad de las cifras -uno de cada cinco menores sufre abusos sexuales a diversa escala- nuestras administraciones tratan ahora de ir abriendo espacios "seguros" y han empezado por los centros educativos, desde la educación infantil hasta la universidad.
Por ello, quienes nos dedicamos a la docencia y tratamos diaria o eventualmente con menores hemos tenido que permitir a la administración la consulta en nuestro nombre del recientemente creado Registro de Delitos Sexuales o bien llevar a cabo personalmente el trámite para luego entregar el resultado: el informe ha de ser negativo.
La medida se ha ido implantado en todo el país, en cumplimiento de la nueva Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. En el caso de Asturias, fue en mayo cuando se desarrolló el proceso en la enseñanza para quienes estaban entonces en activo y ya en las últimas oposiciones de secundaria celebradas este verano, los aspirantes debían concurrir con un pasado inmaculado en lo que a delitos sexuales se refiere, o no concurrir. Por último, el profesorado interino que no había sido llamado hasta ahora ha tenido que llevar su certificado para la firma, estos días, del contrato. Las personas con nacionalidad no española deben demostrar que están limpias en sus países de origen. Monitores y cuidadores también se ven afectados por una norma que a futuro afectará a otras profesiones.
Les soy franca, no me ha costado hacerlo, no he dudado, no me ha generado reserva. A algunos compañeros y compañeras sí. Y no por tener un delito sexual en su haber sino por la sensación de que se les hurtaba un espacio de libertad que el resto del mundo -civilizado- preserva. Tienen toda la razón, es así, y aunque al final todos y todas hemos demostrado que estamos limpios, dentro nos ha quedado una sensación de espacio violado.
Así que a partir de ahora, cuando dejen a sus niños y niñas en sus respectivos colegios, cuando les vean marchar con las mochilas a institutos, centros integrados de FP o universidad, además de pensar que ninguno de nosotros tiene un pasado penal de abusos sexuales, por favor, no olviden que hemos hecho el sacrificio de ser objeto de un escrutinio que la inmensa mayoría de profesionales podrá eludir. Y que lo hemos asumido porque la ley nos obliga pero también para contribuir a la protección de nuestros chiquillos contra esa amenaza que, sin embargo, muchas veces les espera en el interior de sus casas.
