A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de Europa, España no tenía una respuesta penal justa ni suficiente para castigar en proporción a su extrema gravedad los más execrables crímenes, desde el terrorismo hasta los asesinatos más abominables. Hablamos de sucesos terribles que generaban una gran y lógica alarma pública y mediática, como los casos de la niña Mariluz Cortés, el de Marta del Castillo o los niños Ruth y José Bretón. Para este tipo de casos, tan concretos, puede decirse que teníamos un gran vacío legal siendo de los pocos países que no preveíamos una pena, como la prisión permanente revisable, absolutamente normalizada desde hace años en la inmensa mayoría de la Unión Europea.
El Partido Popular, haciéndose eco de esta justa demanda social, tomó la iniciativa y lo puso negro sobre blanco en su programa electoral para las Elecciones Generales de 2011. En 2015, con la reforma del Código Penal, cumplimos nuestra promesa. Hoy la Prisión Permanente Revisable es una realidad en España y la estamos defendiendo frente a quienes la quieren derogar.
La prisión permanente revisable en nuestro país está perfectamente definida y tasada y solo se aplica a una lista cerrada de delitos cuya gravedad se explica por sí misma, como el asesinato de menores o personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad o el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Es una pena proporcionada a la gravedad de estos crímenes porque prevé un tiempo mínimo de cumplimiento de la pena sin salir de prisión, que puede ir desde los 25 hasta los 35 años según el número de delitos cometidos y su naturaleza. Es una pena revisable porque, tras el cumplimiento íntegro de esa parte mínima de la condena, se abre la posibilidad a que el penado obtenga la libertad, pero siempre y cuando se acrediten garantías de que no cometerá nuevos hechos delictivos
Es, por tanto, una pena que posibilita y aspira a la reinserción, por cuanto esta es la condición sine qua non para que se pueda obtener la libertad. Si lo consigue, es porque ha logrado las capacitaciones adecuadas para reinsertarse; si no, se evita que salga a la calle quien no está en condiciones de reintegrarse en la sociedad, impidiendo con ello que reincida en sus crímenes execrables.
Así se habría evitado, por ejemplo, lo que ocurrió el pasado año, cuando conocimos que cuatro violadores multirreincidentes (el "violador del ascensor", el "violador del estilete", el "violador del portal" y Antonio García Carbonell) volvieron a cometer agresiones sexuales nada más salir de prisión, liberados solo porque habían cumplido un tiempo determinado de condena, pero sin ninguna garantía de haberse rehabilitado.
Por todo lo anterior, la prisión permanente revisable es plenamente constitucional y 100% respetuosa con nuestro ordenamiento jurídico, siendo avalada también por altas instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. Así lo ha defendido la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, puesto que PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y la mayor parte del Grupo Mixto, interpuso en julio de 2015 un recurso de inconstitucionalidad contra ella, el cual se encuentra hoy pendiente de resolución.
No deja de sorprender que esos partidos se hayan apresurado a impulsar en el Congreso su derogación sin esperar siquiera a la resolución que debe emitir el Tribunal al recurso interpuesto por ellos mismos. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué, en un ejercicio razonable de prudencia, no esperan a ver qué dicen los magistrados en vez de anticipar un juicio y una condena, la derogación de la prisión permanente revisable, que en ningún caso compete a los partidos políticos?
Además de todos los avales jurídicos anteriores, la prisión permanente revisable cuenta con un apoyo social mayoritario. A la luz de las sucesivas y diferentes encuestas de los últimos años, la prisión permanente revisable tiene un aplastante y continuado respaldo social: siendo apoyada por 8 de cada 10 españoles. Es un apoyo total de los ciudadanos con independencia de su ideología política o de sus preferencias de voto. Da igual el partido con el que simpatice o al que se sienta más cercano: hoy apoyan la prisión permanente revisable el 88% de potenciales votantes del PSOE, el 80% de C's o el 66%; de Podemos.
El PP es, por tanto, el único partido que está defendiendo el sentir mayoritario de todos los ciudadanos, tanto el de sus votantes, como el del resto de partidos, porque PSOE, Podemos y C's, al propiciar ahora la derogación de la prisión permanente revisable, están yendo contra la opinión de sus propios votantes, despreciando sus demandas y mostrándose como partidos insensibles que no escuchan a la sociedad.
Es importante destacar que se trata de un apoyo social constante y continuado en el tiempo. Llevamos casi una década debatiendo sobre el tema, por lo que es un asunto lo suficientemente madurado y valorado con reposo desde todas las perspectivas posibles: por la política, por la sociedad española, por los medios de comunicación, por la demoscopia, por la doctrina jurídica y por el legislador. Por lo tanto, es rotunda y categóricamente falso decir, como están sosteniendo Pablo Iglesias o Albert Rivera, que se esté haciendo un "análisis en caliente" u "oportunista" a raíz de casos de actualidad muy mediáticos, como por ejemplo el caso Diana Quer: llevamos 10 años hablando de ello y el PP ha sido el único partido que ha sabido escuchar a la sociedad y dar una respuesta valiente y proporcionada a las demandas de los ciudadanos, por otra parte lógicas y razonables.
También existe un apoyo en bloque de las víctimas a la prisión permanente revisable. Los familiares de Marta del Castillo, Diana Quer, Mari Luz Cortés, Ruth y José Bretón, y Candela y Amaia están solicitando, a través de la plataforma Change.org, que el Congreso de los Diputados no apruebe la derogación de la prisión permanente revisable. Su propuesta ha sido apoyada ya por 1,4 millones de firmas.
Para el PP, las víctimas han sido, son y serán siempre lo primero. Es una de nuestras señas de identidad y jamás renunciaremos a acompañarlas, a sentir con ellas y a defenderlas, sobre todo cuando lo que demandan tiene, como se ha acreditado, todos los avales jurídicos y sociales. Por ello, no solo vamos a contribuir desde nuestras sedes locales a la campaña de recogida de firmas contra su derogación, sino que estamos llevando a todos los parlamentos regionales y los ayuntamientos de España una moción de apoyo a la prisión permanente revisable con el objetivo de que la opinión pública conozca la postura de cada partido. Aquí no caben dudas, ambigüedades ni abstenciones. Nosotros lo tenemos muy claro: estamos a favor.
