El adanismo político también contamina la política medioambiental. Hay algo en el lema del manifiesto que convocó el pasado domingo en Gijón a más de 4.000 manifestantes que invita al pánico, al miedo, a la desolación y a la antipolítica a través de la negación de una proyecto medioambiental, basado en el acuerdo entre fuerzas políticas y organizaciones ecologistas. Nos recuerda a Spengler y su "Decadencia de Occidente" cuando afirmaba que no veía "ningún progreso, ningún objetivo, ningún sendero para la humanidad". Porque en el lema se formula implícitamente una negación, a saber: que el aire en Asturias es insalubre y que no existe el menor compromiso del gobierno autonómico con el medio ambiente. Podemos reformularlo de otra manera. Vivimos bajo el yugo de una industria contaminante que actúa sin ningún tipo de control. Oídas las palabras del chamán, una vez creado el peligro ya se puede exigir cualquier cosa como si nada lo impidiera y lo que es peor, ya se puede zarandear a la ciudadanía para intentar sacar provecho político de cara a las elecciones municipales de 2019.
Esta afirmación perversa, además de falsa, incluida en el "Asturias, paraíso contaminado", permite invocar la política medioambiental como si ésta se hubiera inaugurado el pasado domingo. Incluso permite a la alcaldesa Carmen Moriyón participar en una manifestación junto a su socio Mario Suárez del Fueyo. También decimos que ellos y el presidente de la Federación de Vecinos, Adrián Arias, invitan al pánico porque vinculan la política industrial a determinadas enfermedades sin discreción ni argumentación exclusivamente científica. Y afirmamos que abren las puertas al miedo porque son ellos los que con ese lema encadenan la existencia de empleo industrial en Asturias a la contaminación de las propias industrias asentadas en el área central. Paradójicamente siguen siendo ellos quienes dibujan un paisaje desolador porque reducen el área central asturiana a un cúmulo de chimeneas vomitando humo sin más previsión de futuro económico que ése. Y Finalmente, son ellos los que abortan cualquier diálogo que mejore la política ambiental preexistente porque caen en la tentación de utilizar todo lo anterior como un arma política para cuestionar un gobierno que apostó siempre por el dialogo abierto a otras propuestas que mejorasen el plan de calidad del aire renovado el pasado año.
Efectivamente, el manifiesto que se leyó el pasado domingo niega cualquier razonable posibilidad a quien pretenda definir un marco político o un espacio de negociación o consenso que permita proteger el aire que respiramos sin renunciar a otras políticas. Y no solo niega, además oculta el plan que ya hay, pues efectivamente, el gobierno del Principado tiene un plan medioambiental y dedica recursos y políticas para llevarlo a cabo sin renunciar a la responsabilidad política que le atribuye ser el garante de una economía industrial, avanzada y, además, medioambientalmente sostenible.
Sin embargo, son quienes firman el manifiesto los que realmente usan y abusan del maniqueísmo para cuestionar un gobierno que acaba de renovar hace unos meses un plan de gestión ambiental que incluye 17 medidas para la mejora de la calidad del aire y del medio ambiente en Gijón. Este plan incorpora, hasta el 2019, más de 6 millones de euros a los más de 13 ya ejecutados en el anterior. No es el gobierno el que propone a la ciudadanía elegir entre el paraíso natural o el mantenimiento del empleo derivado de la industria pesada. Ni siquiera el Partido Socialista, pues resulta demasiado simplista. La política ha evolucionado demasiado como para cometer esos errores.
El informe epidemiológico presentado en 2016 no sólo vincula la calidad del aire en Asturias con las principales afecciones ligadas a la contaminación del aire, las enfermedades respiratorias y cardiocirculatorias. También indica que el tabaquismo sigue siendo el gran factor y además, es contundente al señalar que se ha reducido considerablemente el índice de partículas contaminantes por metro cúbico, lo que demuestra que gobierno y empresas han dedicado recursos a mejorar tecnológicamente sus instalaciones para que éstas contaminen progresivamente menos.
En ningún momento, este gobierno ha rechazado mejorar el plan con las propuestas de otros, porque es consciente de que las políticas proteccionistas del medio ambiente se han integrado en los procesos económicos, como se integraron los derechos sociales, y que unos y otros forman parte ya de una sociedad asturiana abierta, democrática y participativa, consciente de ser protagonista de un proceso económico tecnológicamente avanzado, ligado a la investigación, al conocimiento, al desarrollo, la innovación y la sostenibilidad de todos sus recursos.
El gobierno socialista ha planteado llevar a cabo 17 medidas que incluyen la determinación de nuevas fuentes contaminantes, la optimización de los medidores del aire, la vigilancia epidemiológica, la adopción de acciones para la reducción de la emisión de las partículas contaminantes, las PM10 (especialmente en Aboño), la implantación de pantallas en la zona de graneles del puerto, la intensificación de la inspección de las centrales o la definición de protocolos en situaciones climatológicas adversas que intensifican la contaminación. Todas estas medidas concretan una visión del medio ambiente integrada en una ciudad históricamente industrializada que no renuncia a serlo.
Toda manifestación es legítima. La de los asturianos el pasado domingo reclamando el derecho a un aire más salubre también. Pero la política siempre ofrece paradojas. Cuando más exigente es el gobierno con las empresas privadas en el cumplimiento de los planes medioambientales, ocurre que en ocasiones la ciudadanía representa con mayor virulencia su miedo. Es la paradoja del progreso y el peligro consumiendo casi todos los aspectos de la sociedad asturiana. Este podría ser el caso. La política ambiental no tiene una meta fija, es un permanente esfuerzo por mejorar la calidad del aire, del agua, de sus recursos naturales, a sabiendas de que la contaminación cero en una economía industrializada es una quimera, pero sí un signo que impulsa a cualquier administración pública a desarrollar y mejorar su política medioambiental. El miedo, el pánico o la negación del diálogo sólo son un retroceso que a veces convoca a extraños aliados.
