Nunca pensé que en 2018 surgiera la posibilidad de que se editara una nueva versión de la Inquisición española de la mano de los medios de comunicación, un hecho luctuoso y lamentable como es la muerte violenta de un niño y un gobierno que se ata al palo mayor de su barco en plena zozobra para escuchar los cantos de sirenas de unos familiares de víctimas en horrorosos asesinatos, que se han empeñado en legislar por su cuenta y riesgo, intentando pasar por encima de toda la cordura mostrada públicamente por ilustres juristas y de mucha gente que no admite, que un hecho delictivo, se convierta en la primera piedra para arrojar a los reos en la plaza pública del país.
No se puede legislar desde la emoción, desde las lágrimas, desde el mimetismo doloroso elevado a la enésima potencia por telediarios empeñados en no quedarse atrás en la fabricación de morbo, en la extracción de todos los pormenores de los hechos, llegando a límites inaceptables desde el punto de vista de la seriedad informativa, y de cierta ética periodística, y amparándose en la libertad de expresión (tan vilipendiada en otros ámbitos sociales en los últimos tiempos), dejando las televisiones en manos de sus mas avezadas plañideras el troceado del dolor para servirlo en forma de odio, venganza, insultos, solicitudes de crucifixión de los condenados, apedreamiento público, y todo eso que reflejan las redes sociales, donde, con, y sin, el anonimato cada uno manifiesta su capacidad para tomar el hacha por el mango y decapitar, en todo lo alto del patíbulo, a los presuntos culpables, y luego darle una patada a la cabeza para echarla en medio del pueblo hambriento de sangre y odio hasta la extenuación de sus atribuladas almas de pecadores convulsos.
No se puede permitir que en este país, como estado de derecho, un alto cargo de la Guardia Civil salga en la TV lloriqueando y diciendo: "porque también somos humanos", convirtiendo el Cuerpo en cómplice de esa gigantesca manipulación nacional de un hecho informativo, cuando su misión es muy otra, y en cuyo caso sus superiores debieran tomar nota y actuar en consecuencia.
No se debe permitir que Juan José Cortés, un predicador evangelista, vendedor de palabrería, ególatra televisivo, padre de una niña asesinada, quiera convertirse en legislador sin haber pasado por las urnas, cuando en 2014 fue acusado de tentativa de homicidio en un tiroteo en Torrejón, (Huelva) tenencia ilícita de armas y tres de amenazas, aunque quedó absuelto, a quien ahora han nombrado asesor del PP en Sevilla. Lo mismo que el padre de Diana Quer, tristes casos tratados por la justicia, que reivindican el odio como forma de justicia, por muchas firmas que recojan, y que ahora se ceban como depredadores de ocasión en la presunta asesina del niño Gabriel. Cuando la incitación al odio ahora es un delito que se ha aplicado ya a algunos casos menos llamativos, en esta especie de renovada "La jauría humana", película dirigida por Arthur Penn, donde unos personajes miserables quieren ajusticiar por su cuenta a un condenado injustamente.
No se puede permitir, en fin, que España, de cuyo nombre se le llena la boca a mucha gente como si fueran propietarios únicos del país, se convierta en un Estado regido por la barbarie de la calle, empujada por la maldad general, donde se aplique el ojo por ojo, y los condenados se trocan en apestados vitalicios, mientras el estado orilla el deber de reinserción en la sociedad, usando para ello todos los medios necesarios, y siempre que sea posible, evitando que las cárceles sean un almacén de personas condenadas a la inmundicia perpetua, sin tener la oportunidad de arrepentimiento o curación en el caso de enfermedad mental. Y donde el PP busca nuevos votos rebuscando con su gaviota en los basureros de los arrabales populacheros.
Podemos decir desde la cordura y la adhesión al pésame a los familiares de las víctimas, que todos somos Gabriel, pero sin olvidar que, mañana, todos podemos ser reos de un delito casual o voluntario, porque la vida da muchas vueltas, conciudadanos.
