En urbanismo pasa como en la política: nadie reconoce que ha perdido, todos juran (o prometen) que han ganado. Así, mientras que el equipo de gobierno de Llanes interpreta que el informe de Patrimonio sobre la finca de Partarríu deja meridianamente claro que el proyecto presentado es "incompatible" con los valores culturales del palacio y su entorno, los asesores jurídicos de la propiedad mantienen que el informe es "favorable" a sus intereses y al proyecto, porque admite los usos lucrativos, aunque pide que sean "más contenidos". Es como aquel 23 de julio de 1997 (ya llovió), cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaraba "nulo de pleno derecho" el plan urbanístico de Llanes, pero el político de turno prometía por su bigote que, en realidad, no se había anulado nada, sino que se había declarado "anulable". En material judicial todo es interpretable. Hasta que llega el Supremo y pone a cada uno en su sitio.
