Salvo que una instancia superior diga lo contrario, no se ha demostrado la comisión de delitos penales en el "caso Kaype", pese a que las licencias municipales fueron declaradas ilegales, a que el hotel tuvo que ser demolido y a que la propiedad reclame 18 millones de euros de responsabilidad patrimonial. ¿Cómo es posible? Pues porque no siempre que se provoca un daño hay responsabilidad penal. O no siempre se demuestra que la haya, que viene a ser lo mismo con vistas al resultado final. Sí ha habido ilegalidades administrativas, porque así lo han determinado los tribunales. Y si finalmente existiera responsabilidad civil por parte del Ayuntamiento, este estaría obligado por ley a determinar si existen causantes de ese quebranto y, en caso afirmativo, a exigirles que resarzan a las arcas públicas. Desde el principio se ha dicho que el "caso Kaype" es de largo recorrido. Falta mucho todavía.
