El conjunto de la ciudadanía ovetense, en especial los directamente afectados por el cambio de nombres de ciertas calles de la ciudad, pero también con carácter general, no alcanzan a comprender cómo el órgano de gobierno del Ayuntamiento haya decidido por su cuenta, completamente al margen de las asociaciones de vecinos y sin consulta previa a estos, el imponer, no por decreto, sino "por narices", nuevos nombres a 21 calles de la capital, con todo el complejo proceso administrativo -Registros de la Propiedad, Mercantil, Catastro, empresas de suministros, etc...- que ello comporta. Sustituir los actuales por su presunta vinculación con la desgraciada Guerra Civil y el régimen político derivado de la misma por otros de distinta naturaleza, denotan un indisimulable afán de revivir un episodio negro de nuestra reciente historia ¡después de 80 años!, estimulado de modo inefable por los partidos socialista, comunista y esa mezcolanza de anticapitalistas, antisistema, populistas y otras "etnias políticas" de difícil denominación. Un error político que la historia juzgará.
La ciudadanía cree de la mejor buena fe que el gobierno municipal debe dedicarse a integrar a los vecinos de Oviedo en un proyecto común de nuevo modelo de ciudad si así está diseñado en el programa de gobierno. De atender y resolver problemas que directamente les afectan: la ordenación del tráfico, la limpieza de calles y barrios, la reparación de aceras y calzadas, la de proteger espacios públicos que son patrimonio de generaciones anteriores y de las actuales no permitiendo su utilización para fines incompatibles con su valor artístico, cultural, arquitectónico o histórico. La de tratar por todos los medios legales de no cargar más con subidas de impuestos a los ya sufridos contribuyentes y un largo etcétera que se define muy claramente en la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Empecinarse como se está haciendo por el llamado tripartito en aplicar la ley 52/2007, de 26 de diciembre conocida como ley de Memoria Histórica (en adelante, LMH) sí o sí, como una prioritaria política de gobierno, no demuestra otra cosa que un sectarismo y un afán revanchista absolutamente opuestos a lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos desea fervientemente. Porque dicha ley, vigente, no solamente resulta injusta por cuanto reconoce derechos y enaltece solamente a las víctimas de uno de los bandos de una Guerra Civil entre españoles que nunca debió de producirse, sino también incompleta, en cuanto ignora deliberadamente los desmanes, tropelías, asesinatos y violencias inauditas cometidos durante la II República y la Guerra Civil que produjo para el otro bando contendiente.
Porque hay otra memoria histórica: la que los sucesivos gobiernos de España, los partidos de izquierda, nacionalistas, secesionistas y populistas deliberadamente prefieren ignorar. Esa otra memoria histórica no puede pasar por alto el genocidio de Paracuellos ni las atrocidades cometidas en las múltiples checas-cárceles populares de donde extrajeron a miles de ciudadanos para, sin acusación ni juicio previo, proceder a su fusilamiento y enterramiento en fosas comunes. Solamente en Madrid se constituyeron 225 checas según recoge y documenta el historiados César Vidal quien, igualmente, con nombres y apellidos, en su libro "Checas en Madrid" reproduce la relación de 11.700 asesinados bajo el gobierno del Frente Popular. Los familiares de todas estas víctimas, que algunos historiadores las cifran en 110.000 en toda España, no tienen cabida en la vigente LMH, ni mucho menos en su severa aplicación.
Porque resulta paradójico que los primeros renglones de la exposición de motivos de la LMH sean un canto de esperanza al espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la Transición y nos permitió darnos una Constitución votada y aceptada por la inmensa mayoría de los españoles, para a continuación y hasta el último de sus renglones, se manipule una memoria histórica para fines partidistas y al margen de los historiadores, hurgando en un pasado y removiendo sus rescoldos para enaltecer a unos y vilipendiar a otros, recreando así, por los mismos protagonistas, una vez más, un clima de confrontación entre los españoles.
La LMH, en la que se apoyan los ediles ovetenses del tripartito para acelerar el cambio de los nombres de 21 calles de la ciudad de manera caprichosa, alcanza extremos de perversión ética y legal al igualar como "víctimas de la dictadura", a inocentes, cuyo paradigma podría ser Julián Besteiro, y asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo sería García Atadell. Erige en campeones de la libertad a las Brigadas Internacionales orientadas por Stalin, a los comunistas que en los años cuarenta intentaron reavivar la Guerra Civil o a los etarras que en 1968 iniciaron su carrera asesina. ¿Cabe concebir mayor agravio a la moral, la memoria y la dignidad de nuestra imperfecta democracia?
La actual LMH, tal como está concebida y redactada -en cuyo artículo 15.1 no se prescribe en absoluto el cambio de nombre de calles- no es un instrumento válido para una efectiva reconciliación. Si realmente hubiera sido ese su propósito habría integrado en sus postulados a cuantos, desde otra perspectiva, que también mantienen vivas sus reivindicaciones y su otra memoria histórica.
