El segundo felipismo de esta era democrática -el primero se atribuye al líder socialista Felipe González- lo encarna un rey que no sólo ha sabido hacer de la discreción virtud. Un martes, 3 de octubre de 2017, después de haber transitado peligrosamente durante algo más de tres años, desde su proclamación, por una intrincada selva llena de amenazas, Felipe VI se dirigió a los españoles para ponerse al frente de la Constitución en el mayor desafío al Estado de la reciente historia de España. Ese día, con talante adusto y un pulso firme en defensa de la unidad del país y de las instituciones, hay quienes coinciden en que recobró una gran parte de la confianza perdida en la monarquía ejerciendo la auctoritas ante una población angustiada por los acontecimientos de Cataluña.
En un ambiente tenso, cargado, durante seis minutos, pronunció puede que el discurso de su vida, el breaking point de su reinado, en palabras de la periodista Ana Romero que, al igual que hizo con los últimos cuatro años de Juan Carlos I en "Final de partida", ha escrito la crónica del primer trienio del nuevo rey coincidiendo con uno de los momentos más convulsos de la democracia. Si, del mismo modo que el juancarlismo ayudó a sostener la monarquía en un país donde la izquierda y un amplio sector de la derecha se consideran republicanos, tiene futuro el felipismo, ese futuro empezó a verse más claro después de aquel martes de octubre. Al menos para muchos españoles. Para otros, como es el caso de Pablo Iglesias y quienes le siguen, sirvió para dibujar un "bloque monárquico" en torno a la figura de un rey que, según ellos y los independentistas, en vez de asistir contemplativamente a la calculada destrucción del Estado acudió a defenderlo siendo como es su jefe. Cosa que parece bastante natural y que, sin embargo, causó no poca extrañeza en algunos sectores de la opinión pública. ¿Qué pretendían que el Rey se quedase de brazos cruzados permitiendo la proclamación ilegal de una república a 600 kilómetros de Madrid? Un Borbón es propenso a borbonear, pero no cuando defiende la legalidad y la Constitución, aún con las limitadas funciones que esta le otorga.
