«Es ilógico que un menor de 18 años no pueda comprar un pitillo, pero sí alcohol»

-¿Qué supone?

-Ha habido que separar a chicos y chicas, ya que en su mayoría los extranjeros son varones. Las chicas están yendo al centro Isabel Larrañaga, en Gijón. Y se han detectado problemas, algunos bastante serios, de enfrentamientos con educadores (la mayoría educadoras) que obligaron a contratar a vigilantes para los centros de protección. También hay algunos casos de menores en situaciones muy deterioradas, con problemas de consumo de drogas que en Asturias no se habían presentado, como es la inhalación de disolvente, que provocan trastornos de comportamientos muy graves.

-¿Por ejemplo?

-Es un consumo que a largo o medio plazo puede causar un deterioro cerebral importante y que además es muy difícil de controlar. Los centros de protección no son cárceles, los menores pueden entrar y salir libremente, aunque se les impongan horarios y normas. El acceso al disolvente y al alcohol es fácil y a veces genera conductas violentas. Estamos hablando de casos puntuales, pero en un colectivo de veinte jóvenes, si uno o dos tienen estos problemas, repercute.

¿Cómo se abordan los problemas? -

-Son trastornos difíciles de resolver. Tras la reforma del sistema psiquiátrico en España y la supresión de los antiguos manicomios, mucha gente con problemas psíquicos importantes está viviendo en su casa, sin un adecuado control. Cuando los menores tienen sus facultades alteradas por las drogas o el alcohol se puede intentar su internamiento en la unidad de psiquiatría de menores del Central, pero, una vez que se termina el tratamiento, a los tres o cuatro días salen del nuevo a la calle. Al no haber el suficiente control, volverán a consumir y a repetirse el problema. Alguno de estos jóvenes llegan a cometer un delito y entonces se les interna en Sograndio, donde sí existe la posibilidad de internamiento terapéutico. Pero este tratamiento únicamente se aplica para los casos de menores delincuentes.

-El año pasado se denunció que llegaban incluso con el billete pagado desde otras comunidades. ¿Sigue ocurriendo?

-Efectivamente, al principio la sospecha era que podían venir «orientados» desde otras comunidades. Se abrieron diligencias de investigación que fueron enviadas a Cataluña o al País Vasco y afortunadamente ha dejado de suceder. Pero son menores que se mueven libremente por el país y se comunican entre ellos. Y como el Principado es una comunidad que está intentando cumplir lo más adecuadamente con sus obligaciones legales, es decir, se ocupa de estos menores, pues produce «efecto llamada». Ahora se está intentando centralizar la información sobre la identidad de estos chicos porque se daban casos de que un menor era localizado en una provincia, luego aparecía en otra, daba una identidad distinta, una fecha de nacimiento diferente... a veces ni siquiera se sabía con certeza si era mayor de edad a los efectos de tomar las medidas oportunas. Esto requiere acuerdos entre las comunidades para que puedan asumir la carga, cada vez mayor, de la llegada de estos menores.

-¿Es posible la repatriación?

-En Asturias no se ha hecho. No se puede expulsar sin más a un menor, sin garantizar que en su país de origen va a ser atendido por su familia, o sea un país que tenga unos medios adecuados. La expulsión es complicada.

-¿Se atisba una solución?

-Pero pasa por disponer de más medios. Hay que intentar que los menores se vayan integrando en la sociedad lo más rápidamente posible y que no pasen en el centro de primera acogida más tiempo del adecuado. En el Materno hay ahora 23 o 24 menores, todos extranjeros.

-¿Cuántas plazas hay?

-Las plazas son 16. Pero no son sólo éstos los problemas. Tanto el centro de acogida como el Hospital Materno Infantil están saturados. Éste último tiene entre 45 y 50 niños. Lo deseable sería que se agilizase el procedimiento de adopción o dar a estos niños cuanto antes una familia, sea en acogimiento o en adopción. Aunque estén muy bien atendidos, el hecho de no tener una familia va a repercutir en su desarrollo posterior. Desde la Administración debería agilizarse los procedimientos para resolver la situación legal de estos niños. A veces son procesos complejos, pero los trámites se dilatan excesivamente. Es un problema urgente. Lo que no es de recibo es que un niño que esté abandonado en un centro desde bebé esté más de dos años sin que se le dé ninguna solución legal a su caso.

-¿El acoso escolar es alarmante?

-Los expedientes que se han tramitado en la fiscalía por acoso escolar siempre han sido por hechos de escasa entidad. El acoso escolar no es un mero insulto, requiere una conducta reiterada en el tiempo y grave y que se realiza con un ánimo de humillar a un compañero. Los supuestos que ha habido han sido problemas de peleas entre menores reiteradas, pero que, en su mayoría, se han solucionado con medidas extrajudiciales, sin necesidad de llegar a juicio. Sí hubo algún caso de más importancia, muy concreto: por ejemplo, unas menores que durante casi un año exigieron cantidades de dinero a una compañera, con amenazas, le quitaban el bocadillo... aunque los hechos considerados individualmente no eran graves, su reiteración en el tiempo y la persistencia sí lo fueron. Las menores reconocieron los hechos y se llegó a una sentencia de conformidad. No han vuelto a tener denuncias.

-¿Agresiones a profesores?

-Hubo un caso en 2006 en un instituto de Gijón. Al menor, que tenía 14 años, se le condenó como autor de un delito de desórdenes públicos a dos meses de internamiento en Sograndio, en régimen semiabierto, y quince días de libertad vigilada. Hubo otros casos, que se calificaron como delito de atentado (a funcionario público) por enfrentamientos y agresiones a educadores en los centros de protección. Pero no existe motivo para la alarma en el ámbito escolar, la situación no se traduce en una violencia que se llegue a denunciar o se persiga penalmente.

-¿Considera que debería aumentarse la edad legal para comprar alcohol, de los 16 a los 18, como en otras comunidades?

-Sí. Un menor de 18 años no puede legalmente fumar un cigarrillo pero sí comprar alcohol y cogerse una cogorza monumental. Es ilógico.

-¿A los bares les compensan las sanciones?

-Si se aplican con la rigidez que permite la ley, no. En algunos casos hablamos de multas de 3.000 o 4.000 euros, o más, y esto, en un local de mediano tamaño, hace daño. Pero es difícil de controlar. Hay de todo: hay locales que sirven alcohol sin ningún empacho e incluso con publicidad como «Te regalamos una copa por cada suspenso que traigas». Esto ha pasado.

-El asesinato de la niña Mari Luz reabrió la polémica sobre la cadena perpetua. ¿La apoya?

-Sí, defiendo que en determinados delitos graves en mayores de edad se estableciese una pena similar a la cadena perpetua. No la cadena perpetua como tal, porque lo impide la Constitución, porque impide la rehabilitación y reinserción del sujeto. Pero esto no es incompatible con un cumplimiento efectivo de penas de 30, 35 o 40 años reales, siempre con la posibilidad de revisión de la condena. No significa estar en la cárcel hasta que te mueras, pero sí que pueda haber un cumplimiento efectivo de condenas. Hay terroristas condenados a 1.500 años de prisión que, por el juego de la reducción de penas, quedan reducidos a veinte años o menos. Parece una burla a una mínima idea de justicia.

«Tras la reforma psiquiátrica y la supresión de los antiguos manicomios, mucha gente con problemas psíquicos importantes está viviendo en su casa sin un adecuado control»

«Como el Principado es una comunidad que intenta cumplir lo más adecuadamente con sus obligaciones y se preocupa de los menores, pues produce un "efecto llamada"»

«Defiendo que en determinados delitos cometidos por mayores de edad se imponga una pena similar a la cadena perpetua, algo que obligue a cumplir 30, 40 o 50 años reales»

«Hay algunos bares que venden alcohol a menores sin ningún empacho y hasta utilizan reclamos como "Te regalamos una copa por cada suspenso que traigas"; eso ha pasado»