24 de julio de 2009
24.07.2009
 

El Defensor del Pueblo, contrario a la modificación de la ley del Menor

l El debate sobre la edad penal l Las reformas legales (3)
Enrique Múgica aconseja al Gobierno que forme un grupo de expertos para concretar las medidas del texto legal

24.07.2009 | 02:00

Madrid, Agencias

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, manifestó ayer su oposición a la reforma de la ley del Menor y reclamó reflexionar sobre la «pérdida de valores» en la sociedad española. A su juicio, las leyes imprimen un «criterio de generalidad» y, por tanto, «no se pueden modificar en virtud de unos acontecimientos que, aunque sean absolutamente condenables y deban ser sancionados, no obligan a establecer una nueva norma». Múgica, que no obstante aconsejó al Gobierno que forme un grupo de expertos para concretar las medidas generales de la ley, indicó que un cambio normativo sólo debe producirse cuando la sociedad lo reclame «unánimemente», y después de estudiar que estas quejas son «veraces».


El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró ayer que no basta con cambiar una ley para lograr que los menores asuman que determinados actos son «reprochables», «deben afrontar una responsabilidad por ellos», indicó, y recalcó que la educación es un factor fundamental para lograr ese objetivo. Por su parte, la Audiencia Provincial de Alicante elevará el lunes un informe al Ministerio de Justicia en el que solicitará que se fomente que las administraciones incrementen sus presupuestos para promover la prevención de la delincuencia juvenil, que se aplique una respuesta penal a los menores de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años y que en delitos graves cometidos por menores con una edad muy cercana a los 18 exista un informe pericial en las actuaciones.


Éste debería determinar si el adolescente era consciente o no de la gravedad del hecho para que el juez, discrecionalmente, pueda aplicar el Código Penal de adultos o la ley de Responsabilidad Penal del Menor. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, explicó que esta medida se propone «para que se valore más el hecho que se enjuicia que un dato objetivo como es la edad». Según Magro, «un chico de 17 años y 8 meses sabe perfectamente que violar es violar y el perjuicio que se causa con una violación, un homicidio o un asesinato».

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