Los concejos rechazan que se generalice la prohibición de edificar en zonas inundables

La propuesta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) de limitar al máximo la construcción en las riberas fluviales de la región choca con los alcaldes, que, de paso, también rechazan que la urbanización en terrenos potencialmente inundables haya sido causa determinante de los graves desbordamientos de la semana pasada. La propuesta del organismo que preside Jorge Marquínez para intentar que Asturias no sufra en el futuro inundaciones de tanta gravedad, a partir de fuertes restricciones urbanísticas, fue rebatida ayer por el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Juan Fernández Pereiro, alcalde de Valdés por el PSOE, quien advirtió de que la generalización de esta prohibición «no parece lo más aconsejable para una orografía tan compleja y diversa como la asturiana». Además, según indicó, «los planes generales de ordenación de los municipios ya incluyen una catalogación urbanística de las áreas potencialmente inundables».

«Para ciertos municipios quizás no suponga ningún inconveniente renunciar a construir en zonas potencialmente anegadizas, pero en otros concejos estos terrenos han sido y son la única alternativa para el desarrollo urbano y de infraestructuras, tales como polígonos industriales u otros equipamientos», señaló Fernández Pereiro, quien, no obstante, defendió que la Confederación y los municipios «sigan colaborando, a través de convenios, para ofrecer soluciones satisfactorias y razonables al delimitar las zonas de inundabilidad». Parres es uno de los municipios que cuenta con este tipo de convenios y, sin embargo, fue el más afectado por los desbordamientos.

El presidente de la organización municipal añadió que las graves inundaciones que acaba de sufrir Asturias, las peores del último siglo, «no se produjeron por culpa de los concejos», sino que, a su juicio, respondieron a «una situación excepcional en la que concurrieron varios factores y donde la urbanización no fue en muchos casos la causa determinante de los daños». Sobre esta base, abogó por «analizar con detalle los motivos de las inundaciones en cada zona y adoptar las medidas oportunas». Éstas, a juicio de Juan Fernández Pereiro, «no tienen que pasar únicamente por limitar la urbanización de los terrenos, restricción que, de hecho, ya está recogida en los planes generales de ordenación de los concejos, que incluyen zonas no urbanizables de vega de especial protección».

Los argumentos de Fernández Pereiro para oponerse a la generalización de la prohibición de edificar en territorios con riesgo de inundabilidad también incluyen una vertiente histórica. «Muchos asentamientos de población importantes de Asturias no existirían si históricamente se hubiera aplicado a rajatabla esta restricción», señaló el presidente de la FACC, para incidir en que «el suelo verdaderamente apto para urbanizar es excepcionalmente escaso en algunos concejos de la región». Por tanto, y para finalizar, el regidor valdesano abogó por «armonizar la prevención de episodios excepcionales, como el que acaba de pasar la región, con las legítimas aspiraciones de desarrollo de cada concejo, de acuerdo con sus particularidades».

Antes de las declaraciones de Juan Fernández Pereiro la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ya había detectado reticencias en varios concejos a la hora de ampliar el suelo no urbanizable para tratar de evitar inundaciones. El organismo que preside Jorge Marquínez se ha dirigido a todos los municipios de la región con el objetivo de firmar convenios para ampliar la protección urbanística de las zonas de ribera, prohibiendo la construcción en los territorios más próximos a los cauces. Aunque ya han llegado a acuerdos con una veintena de administraciones locales, los responsables de la Confederación han comprobado que «algunos municipios» no están por la labor de variar su planes generales de Ordenación Urbana. Por un lado, aludiendo a la falta de terreno, y, por otro, porque limitar la capacidad de edificación amenaza con reducir los ingresos de unas administraciones que, acuciadas por la crisis, cada vez cuentan con mayores dificultades de financiación.

La Confederación ha suscrito convenios de colaboración o está a punto de hacerlo con los municipios de Corvera, Vegadeo, Salas, Grado, Somiedo, Noreña, Laviana, Teverga. Sobrescobio, Gijón, Bimenes, Cangas de Onís, Parres, Onís, Ribadesella y Llanes. Estos acuerdos tienen como objetivo principal la prevención del riesgo de inundación y la protección de los ecosistemas fluviales. Así, los técnicos de la Confederación encargados de realizar los estudios municipales delimitan los corredores fluviales de cada concejo, que son aquellas zonas en las que las inundaciones son frecuentes y en las que se prohíbe la construcción y cualquier actividad que pueda degradar o modificar los cauces. Eso sí, no se plantean derribos en las áreas que ya están consolidadas urbanísticamente, aunque también se limitará al máximo la ejecución de nuevas edificaciones, y las que se autoricen deberán contar con medidas propias de protección contra inundaciones.

Los convenios entre la Confederación Hidrográfica y los concejos establecen un segundo perímetro, denominado ámbito de protección específica del medio fluvial, donde cualquier actividad urbanística que se lleve a cabo deberá ser compatible con la protección de los espacios naturales. Además, el estudio incluye la identificación y tratamiento de las zonas torrenciales, abundantes en las cuencas asturianas y muy peligrosas. Una avenida de este tipo originó la riada que se cobró la vida, en Vegadeo, de las dos víctimas de las inundaciones históricas que han anegado numerosas zonas del Principado.