Detenidos el ex consejero Riopedre, dos altas funcionarias y dos empresarios por corrupción

El ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; una ex alto cargo, María Jesús Otero, su «número dos», antigua directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la citada Consejería, y dos empresarios vinculados a las firmas Igrafo, V. M. M. M., y Almacenes Pumarín, A. S., fueron detenidos ayer en relación con un supuesto caso de malversación de fondos públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la Administración regional. Las empresas abastecen de material de oficina y papelería a la Administración regional y varios consistorios asturianos.

Los arrestos están vinculados con una investigación destapada por LA NUEVA ESPAÑA en febrero de 2010, una denuncia interpuesta en Gijón por otro supuesto caso de corrupción, el de la jefa de servicios de procesos administrativos del Principado, Marta R. A., que también fue detenida ayer y que venía siendo investigada por adjudicar contratos públicos a una empresa de su propiedad, Implans Mounts, que habría recibido por esta vía ilegal al menos ochocientos mil euros.

El caso lo lleva la titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón, que ayer ordenó varios registros domiciliarios y de sedes empresariales en los que los agentes de la Policía judicial recabaron abundante documentación impresa y ordenadores personales cuyos discos duros se están analizando.

El grueso de la investigación se sigue centrando, según pudo saber este diario, en la supuesta trama urdida por la alta funcionaria M. R. A., que también habría facturado numerosos contratos a las firmas que ahora son objeto de investigación. Tanto Igrafo como Almacenes Pumarín también habrían conseguido abundantes acuerdos de suministro con la Consejería de Educación en el período en el que estaban al frente José Luis Iglesias y María Jesús Otero. En este punto radicaría la supuesta vinculación de todos los detenidos.

Los arrestos constituyen el tramo final de la investigación abierta por la juez gijonesa, que mantiene el secreto de las diligencias desde hace casi un año y que incluso ha prescindido de los técnicos policiales para trabajar con asesores propios. Hasta ahora, la juez ni siquiera había tomado declaración a la funcionaria que centra toda la instrucción, Marta R. A., cargo de confianza de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que la suspendió de empleo y sueldo tras destaparse el caso.

Todos los implicados permanecen detenidos en la Comisaría de Gijón, a excepción del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, que está ingresado bajo arresto en el hospital debido a su delicado estado de salud. Está previsto que permanezcan detenidos hasta que pasen a disposición judicial, algo que podría tener lugar en las próximas horas.

Según pudo saber este diario, la detención de José Luis Iglesias Riopedre, la más llamativa, «sería un asunto colateral en el grueso de la investigación sobre los contratos de la funcionaria de informática».