El Gobierno da por zanjada la incineradora tras parar su construcción una sentencia

El proyecto para desarrollar una planta incineradora de basuras en Serín está en peligro. El Gobierno regional da por zanjada su construcción tras la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo que anula los trámites aprobados por Cogersa para desarrollar esta planta. El propio presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, avaló ayer la decisión judicial al considerar que «no es posible impulsar proyectos como el de una incineradora al margen de la legalidad ambiental».

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico señaló que su Gobierno había manifestado siempre la necesidad de contar «con un plan de residuos, como el primer requisito legal». A partir de ahí, «se podría analizar la conveniencia o no de una planta de valorización energética». Ahora, la Administración regional está dispuesta a poner en marcha la redacción de «un plan de residuos, de inmediata contratación». Álvarez-Cascos, que hizo estas declaraciones durante el acto de bendición y puesta en servicio del remolcador «Veriña», en el puerto de El Musel, anunció que «en los próximos días se conocerá la convocatoria de la asistencia técnica para elaborar el plan de residuos, que es el punto de partida para poder plantear y planificar nuevas respuestas al tratamiento de residuos en Asturias». El Presidente subrayó la necesidad de «volver a los principios, respetar la legalidad y tomar las decisiones que no se adoptaron en su momento y que ahora han conducido a que, además, los tribunales también le quiten la razón al proyecto de la incineradora, que se venía tramitando de espaldas a la legalidad». Cascos no cierra la puerta a una incineradora, aunque considera que si finalmente se considera necesario el proyecto, deberá ejecutarse por otra vía «legal».

La sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo estima que el proyecto de la incineradora no estaba contemplado en el plan básico de gestión de residuos de Asturias, con lo que «no cabe la actuación del consorcio entre que dicho plan no se vea modificado para que se opte por dicho sistema». El plan caducó el 31 de diciembre del año pasado; durante este tiempo, la región ha estado incumpliendo la normativa marco comunitaria de residuos y el plan nacional de residuos, de ahí la urgencia de redactar un nuevo documento.

Para Cascos, el proyecto precisa «una tramitación ambiental rigurosa, con la correspondiente información pública; basarse en la tecnología más avanzada para reducir su impacto medioambiental y un soporte presupuestario plurianual que garantice una adecuada financiación, con especial incidencia en las tasas que se trasladen al ciudadano». Planteamientos que, según consta en el escrito del Principado, «ya fueron expuestos en su día por el Presidente y defendidos por la consejera de Fomento».