Oviedo, L. Á. V.

La entrega al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de un nuevo informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica (Udef) que amplía uno anterior y en el que se identifica al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, como perceptor de diversas cantidades anotadas en las cajas B de las empresas de Correa, ha movido a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que se impute de nuevo al ex dirigente popular, que creció en el partido al calor de Francisco Álvarez-Cascos como secretario general.

Cascos fue una de las personas que más presionó a Bárcenas para que no dimitiese cuando comenzó a filtrarse su implicación en la trama de Correa. Bárcenas, sin embargo, tuvo que poner su cargo a disposición del partido y dimitir cuando fue finalmente imputado por el juez. No obstante, el PP pagó los honorarios de uno de los mejores penalistas del país, el ovetense afincado en Madrid Miguel Bajo Fernández, del que se dice que cobra 350 euros por cada hora de trabajo. También causó cierta polémica que tanto Bárcenas como su mujer acudiesen a declarar ante el juez en coches del partido, a pesar de que el cántabro ya no desempeñaba ningún cargo en la organización.

Molesto con las imputaciones contra su amigo personal y antiguo colaborador, Álvarez-Cascos saltó a la palestra con acusaciones hacia «una camarilla policial» que en su opinión estaba fabricando pruebas contra los dirigentes populares. Los agentes aludidos presentaron una denuncia por calumnias contra Cascos, que finalmente fue archivada después de que el actual presidente de Foro Asturias acudiese a declarar ante el juez instructor.

El actual partido de Cascos volvió a acusar esta semana a la Policía de las filtraciones que apuntan al presidente regional. El diputado nacional de Foro Enrique Sostres expresó al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sus sospechas respecto al comisario general de Policía Científica, indicando que podría haber filtrado al diario «El Mundo» el informe interno de la Udef que habla de dos pagos por importe de 980.000 euros a un dirigente popular cuya identidad se corresponde con las iniciales «P. A. C.». Sostres acusó de la filtración al PP y al PSOE, que buscarían, en su opinión, entorpecer la campaña electoral de Foro. El propio Álvarez-Cascos pidió al PP a través de un notario que mostrase las cuentas de las elecciones de 2003 y 2004, con el fin de demostrar que no tuvo responsabilidad alguna en la contratación de empresas de Correa. La portavoz de Foro en la Junta, Cristina Coto, indicó que el responsable de esas campañas fue el actual candidato a las elecciones andaluzas, Javier Arenas.