Oviedo, Álvaro FAES

Entre 200.000 euros y dos millones de multa. Es lo que le puede costar a Hidrocantábrico la fuga de fuelóleo que el pasado 26 de junio se produjo en su central térmica de Aboño y que arrojó al mar entre ocho y diez toneladas de combustible, según las cifras que ayer facilitó el Gobierno durante las comparecencias en la Junta General de los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez, y de Fomento, Belén Fernández. La Administración asturiana considera el escape «muy grave» desde el punto de vista medioambiental, aunque aguardará a decidir si se persona judicialmente contra la empresa a que finalicen las diligencias administrativas y quede resuelto el expediente sancionador.

Entre ambos consejeros, en sesiones de mañana y tarde, acumularon siete horas de preguntas y respuestas sobre el vertido de fuelóleo, centradas en la actuación del Gobierno, pero también orientadas a esclarecer la responsabilidad de HC y su reacción tras conocer que sufrían un escape en su central térmica. Fue en este punto donde se produjo la contradicción del día. Guillermo Martínez, preguntado en varias ocasiones, dejó claro que el día del escape fue su propia Consejería la que se puso en contacto con Hidrocantábrico para conocer si el combustible era responsabilidad suya, tras recibir el 112 el aviso de un particular y también de un pesquero, minutos antes de las 9 de la mañana del 26 de junio (ver gráfico adjunto).

Sin embargo, ya por la tarde, Belén Fernández admitió que su Consejería recibió una llamada de la empresa a las 9.20 horas en la que les informaban de la situación. Esta versión coincide con la de HC, consultada ayer por este periódico. «Como es nuestra obligación, pusimos en conocimiento de las autoridades medioambientales que habíamos sufrido un accidente en cuanto tuvimos constancia de que el fuelóleo procedía de nuestra central térmica. Además, dimos aviso a la Guardia Civil y al Ayuntamiento de Carreño», explicaron fuentes de la compañía eléctrica.

Guillermo Martínez diagnosticó la actuación tras la fuga de combustible como «rápida y eficaz», y detalló que ya el mismo día hubo gente trabajando en las playas, contratada por HC, que deberá hacerse cargo, además, de los gastos que implicó el dispositivo de contención del fuelóleo y las actuaciones que deban desarrollarse de ahora en adelante para restablecer las condiciones que se daban antes del accidente.

Los grupos parlamentarios con representación en la Junta fueron muy críticos con la actitud de HC, y también con la del Gobierno en cuanto a su política de comunicación relativa al suceso. Matías Fernández, representante del PP en la comisión, calificó la conducta de Hidrocantábrico de «vergonzosa» y añadió que el Ejecutivo regional no había estado «a la altura». En nombre de su grupo, propuso la creación de una comisión de seguimiento de la ría de Aboño para garantizar la recuperación de la zona. Su compañera Victoria Delgado, que se enzarzó con la consejera Belén Fernández en un agrio debate, avisó de que detectaba «indicios de delito ecológico» en el escape sucedido en la central térmica de Aboño. Y, además, señaló directamente al Gobierno asturiano, al que le achacó «descoordinación» a la hora de gestionar los diferentes aspectos en la crisis ecológica.

Según Foro, a través de su diputada Marina Huerta, el Principado mantuvo «una actitud clientelar» con HC. Su compañero Albano Longo preguntó por la idoneidad para el consumo de los productos de la zona y provocó la indignación de la Consejera, además de la llamada de atención del portavoz socialista, Fernando Lastra, que le acusó de crear «alarma social».

Marta Pulgar, de IU, solicitó revisar el plan anticontaminación marina y pidió al Gobierno poner «toda la carne en el asador para depurar responsabilidades». Emilia Vázquez apostó por elaborar una normativa medioambiental «más exigente». El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, se empleó con dureza contra Hidrocantábrico: «Intentaron ocultar el vertido. Han sido irresponsables y negligentes».