Los políticos, con la UTE de Villabona
Los parlamentarios piden a Instituciones Penitenciarias que recupere a los trabajadores apartados de la unidad de la cárcel y permita la vuelta de las ONG

Longoria, coordinadora de la UTE. / nacho orejas
Oviedo, Pablo GALLEGO
Primero fueron los propios trabajadores de la unidad terapéutica. Después, los familiares de los internos actuales, y de muchos de los anteriores. Más tarde los psicólogos, trabajadores sociales y expertos en reinserción social de reclusos. Ayer lo hicieron los políticos de la Junta General del Principado. Asturias no deja de sumar apoyos para que la unidad terapéutica y educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona, referente internacional en segundas oportunidades y desintoxicación de reclusos, siga abierta.
En plena polémica por el incierto futuro que espera a la UTE de Villabona, la Junta General aprobó ayer una iniciativa conjunta para exigir al Gobierno central el mantenimiento de la unidad terapéutica, ante las dificultades que está teniendo para llevar a cabo su tarea, iniciada por Faustino García Zapico y Begoña Longoria en 1992, hace veintiún años. En aquel tiempo la droga y el sida tenían a las cárceles «en una situación dantesca», rememoró ayer el diputado de UPyD Ignacio Prendes, abogado desde hace 24 años, buena parte de ellos en el ámbito penal. Él mismo, junto a Noemí Martín, de IU, y la socialista Judith Flórez contaron la historia de trabajo, esfuerzo y superación de una unidad que «debe seguir abierta», sentenciaron.
En el texto, que también contó con el apoyo de Foro y la abstención del PP, los parlamentarios emplazan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a permitir de nuevo el trabajo de las ONG que colaboran con la UTE y a renovar las comisiones de servicio de dos educadores de la UTE recientemente revocadas, que sumadas a las revocadas anteriormente, impiden a la unidad cumplir sus objetivos. Es el trabajo de estas personas, señalaron, el que permite que la unidad obtenga «niveles de inserción por encima del 72 por ciento, cuando los que no siguen este modelo no superan el 40 por ciento», explicó Martín.
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