El juez que instruye el «caso Marea», Ángel Sorando, ha dictado un auto que permite al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez -propietario de la firma Comercial Asturiana de Papelería, S. A. (Igrafo) y uno de los principales imputados en la supuesta trama corrupta con epicentro en el seno de la Administración regional- a disponer mensualmente de 7.156 euros de una de las cuentas que hasta ahora tenía embargadas. El escrito de Sorando recoge que, una vez recibida la petición por parte del abogado del empresario «se dio traslado al ministerio fiscal y a las demás partes personadas» y que por parte del ministerio público «se emitió informe en el sentido de que no se opone» a que se autorice la disposición del dinero «según lo acordado por la Sección Octava de la Audiencia».
El letrado que defiende a Víctor Manuel Muñiz asegura: «Sólo se trata de un trámite» porque «cometimos el error de designar una cuenta para sus gastos que no tenía suficiente dinero como para aguantar mucho». Miguel Valdés Hevia afirma que la necesidad de su cliente de disponer de 7.156 euros «está justificada» porque, entre otras cosas, «tiene un hijo estudiando en Madrid en una universidad privada y tiene que pagar el mantenimiento de sus propiedades». Por otro lado, Valdés Hevia aún no ha recibido respuesta por parte de Sorando a su petición de que la Policía investigue el material servido por Igrafo en la biblioteca del Fontán, para confirmar que sus alegaciones son ciertas. El letrado dice que Igrafo recibió los 198.000 euros que constan en el falso contrato de Belén de la Montaña (Valdés), pero que ese dinero se empleó en equipar el centro cultural ovetense. Según Muñiz, se hizo así por indicación de la Consejería de Cultura.
