La juez gijonesa Pilar de Lara, que instruye en Lugo el «caso Pokémon» y su derivada, la «operación Manga», en la que está imputado el ex presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio Joaquín Fernández, interrogaba al cierre de esta edición a Henry Laíño López, directivo de Aguas de Barcelona (Agbar) y ex director territorial de Aquagest en Asturias y el norte de España. Laíño fue detenido el jueves a su llegada al aeropuerto de Barajas desde Colombia, donde representaba a Agbar, por orden de la juez De Lara. El directivo estaría relacionado con la trama de sobornos y tráfico de influencias de Santiago de Compostela. Laíño compareció ante la juez en torno a las seis de la tarde. A las once de la noche, la juez acordó un receso para cenar, por lo que estaba previsto que la declaración del imputado se prolongase hasta altas horas de la madrugada, según fuentes conocedoras del caso.

Laíño también fue responsable de Aquagest en Galicia, antes del actual gerente de la compañía en Santiago de Compostela, José Luis Míguez, quien también fue detenido semanas atrás junto con Joaquín Fernández. Tras las sucesivas declaraciones de esta segunda fase del «caso Pokémon», la juez ha ido acumulando indicios que apuntan a que Henry Laíño sería clave en el entramado de sobornos. De Lara dictó orden de detención contra Laíño la semana pasada. El arresto del directivo se produjo en el control de pasaportes.

Laíño protagonizó hace unos años el despegue de Aquagest en Asturias. Bajo su responsabilidad se obtuvieron contratos tan importantes como la gestión del agua en Avilés, a través de una sociedad mixta. Aquagest pagó un canon de 38 millones de euros y se comprometió a realizar inversiones por un importe de 18 millones. El concejal avilesino Luis Ramón Huerga indicó que la detención de Laíño «no tiene que ver con el concurso de Avilés, que pasó dos veces por el Juzgado y fue calificado de modélico por los magistrados». Además, añadió que no entra a valorar esta detención.

Durante su permanencia en la dirección de Aquagest Norte (que incluía desde Asturias hasta Aragón), Laíño también firmó convenios con otros municipios asturianos, como Grado o Corvera, en ambos casos para gestionar el mantenimiento de las piscinas.

Por otro lado, Ángel Espadas, quien fuera asesor de la Alcaldía compostelana en la época del dimitido Gerardo Conde Roa, salió de prisión en la tarde del jueves tras abonar una fianza de 10.000 euros impuesta por la juez instructora. Según el auto del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Espadas deberá comparecer semanalmente en el Juzgado y no podrá abandonar el territorio nacional al haberle sido retirado el pasaporte. Ángel Espadas, detenido en la «operación Manga», está imputado por tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos.