El precio de las consumiciones en el Congreso, mucho más bajo que en los bares de fuera, y el del servicio de cafetería, demasiado alto al decir de algún líder parlamentario, han alimentado un debate político a cuenta de lo que cuesta un gin-tonic subvencionado. No más de 85 céntimos en el bar de la Cámara baja, o eso dice el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato, que impone los precios máximos de cada artículo y pide también, por ejemplo, 1,05 euros por un desayuno con tostada o bollería, nueve por el menú del día y 3,40 a cambio de un cubalibre. El gin-tonic, 3,45. Que subvencionar esas tarifas sin competencia le vaya a costar al Congreso 1,05 millones de euros de dinero público al año y más de cuatro de aquí a 2017 -4.287.500 más IVA-, ha soliviantado al grupo parlamentario de Izquierda Unida, abiertamente contrario al «trato de favor» poco justificable que en la cafetería reciben, dicen, diputados, trabajadores o invitados de la Cámara. Se suma a la censura Esquerra Republicana de Cataluña y avalan la medida, con mayor o menor intensidad, diputados de PP, Foro y PSOE.

Todo es más barato en Asturias, el coste del servicio y los precios de la cafetería, pero aquí no hay debate. Ningún grupo entró al trapo ayer al ser cuestionado sobre la idoneidad de las tarifas del café, los pinchos y el alcohol en el bar del Parlamento autonómico. Un café en la Junta General del Principado sale por unos humildes 70 céntimos, 1,05 si es con pincho o bollería y mucho menos, en general, que en cualquier bar de los que fuera del Parlamento hacen ofertas «anticrisis». Alcohol también hay. El quinto de cerveza a 65 céntimos, el vino a 0,95, el anís a 1,5... Un combinado de whisky cuesta muy aproximadamente lo que en un bar la botella de sidra -2,75 euros- y aquel gin-tonic a 3,45 del Congreso no pasa en la Junta de 1,80: más o menos lo que piden fuera por una cerveza. ¿La borrachera más barata del mercado? Tampoco es eso. En once años de servicio tras la barra del bar de la Junta, la camarera confiesa que nunca ha servido una copa. Puede que influya el horario de apertura habitual, de diez de la mañana a una y media de la tarde y hasta el final sin hora cuando hay Pleno, la sesión se alarga y la clientela tarda en salir del local. Los clientes no son sólo diputados, también el personal de la Cámara y cualquier visitante acreditado.

El servicio de cafetería del Parlamento asturiano fue adjudicado por última vez para dos años por acuerdo de la Mesa de la Junta General rubricado en enero de 2012 y el coste anual quedó fijado en 16.630,37 euros. Las empresas concurren al concurso con las tarifas previamente establecidas en el pliego de condiciones, que detalla el precio máximo que debe tener cada artículo. La oferta ganadora, la de la empresa Serunión, S. A., sacó ventaja rebajando importes, toda vez que el café, por ejemplo, tenía asignado un tope de 75 céntimos y se cobran setenta, y los refrescos, que no podían pasar de setenta, se venden a 65. El procedimiento de concesión reproduce el que se sigue en todos los parlamentos, Congreso incluido, aunque haya variantes territoriales. En el de Galicia, por ejemplo, no se sirven bebidas alcohólicas de alta graduación desde que un reglamento lo prohibió en 2007. Tampoco en el catalán, razón por la cual el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, a la vista del nuevo pliego de condiciones, ha reclamado que se excluya el alcohol de los artículos a la venta en la cafetería del Congreso. El servicio lo presta hasta ahora el grupo Arturo Cantoblanco, propiedad del vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández.

El anexo de precios del recuento de condiciones que ha de cumplir la empresa adjudicataria del servicio en la Cámara baja incluye una amplia casuística que va de menús a platos combinados, de bocadillos a raciones y licores de lo más variado. «La gente no sé si lo entiende, yo no y nos parece mal; no tiene lógica que los precios de la cafetería del Congreso sean diferentes», aseguró el portavoz del grupo Izquierda Plural, José Luis Centella, al reclamar «precios de mercado» para la cafetería del Parlamento. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, dice entender que la ciudadanía no comprenda que exista un «privilegio» para los diputados, pero asegura que ése no es el motivo de los precios bajos, sino conseguir «que sea viable un establecimiento con un horario y apertura totalmente diferentes de uno de la calle abierto al público». El diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, aseguró que además de los parlamentarios la cafetería presta servicio a «ochocientas personas, que son funcionarios», así que «esto tiene una función social».

La aclaración de la presidencia del Congreso esgrime el argumento de que no se subvenciona el alcohol, sino el mantenimiento de los 60 empleos de la contrata que presta servicio en la Cámara. También se trata, según fuentes del Parlamento asturiano, de asegurar la rentabilidad de un servicio que de otro modo, dada la restricción de clientela que le afecta, tendría muy difícil conseguir.