El salario de un guardia civil de Tráfico dependerá en parte de las multas que ponga. Así lo resumen fuentes de las asociaciones profesionales del Instituto Armado al explicar la nueva orden general que valora la actividad sancionadora como uno de los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar la labor de cada agente y concederle, o no, un plus de productividad que hasta ahora era un complemento de unos 240 euros mensuales. Según los agentes, en cada destacamento se establece un objetivo medio de sanciones al mes, y si no se llega a ese número se corre el riesgo de perder el plus. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil exigen que se retire esta vinculación entre multas y el riesgo de ver reducido su salario, al considerarla injusta para ellos y para los ciudadanos.
El RAI (Rendimiento de la Actividad Individual) de la Guardia Civil incluye una serie de parámetros con los que se mide la labor que realiza cada agente. Esta medida figura en la Orden General de la Guardia Civil 12/2014, que regula los incentivos de los agentes y que entró en vigor el pasado 30 de marzo, indican fuentes del cuerpo. Con el título "Documento de medición del rendimiento individual" se explica: "El documento de medición del rendimiento individual está destinado a medir la actividad de los agentes de tráfico teniendo en cuenta su contribución a los objetivos de seguridad vial, el esfuerzo, dificultad y dedicación que supone su realización, así como el interés, iniciativa y mayor responsabilidad asumidos en su ejecución y que incorpora la introducción de nuevos conceptos, la simplificación de algunos existentes en documentos anteriores y la revisión de la valoración de las actividades con el fin de conseguir un resultado final más acorde con la actividad real de los agentes".
Se añade a continuación que esta medición del rendimiento individual "permite obtener la puntuación media por efectivo en cada destacamento y comparar entre sí los destacamentos de un subsector según su media de actividad. Los oportunos ficheros y/o aplicaciones informáticas para la elaboración del documento serán puestos a disposición de las unidades por la Oficina de Estudios y Planes". En el mismo documento figuran los parámetros valorados en sus distintos apartados: vigilancia, control y regulación del tráfico y del transporte; actividad sancionadora; protección y auxilio; policía judicial e investigación técnica, y seguridad ciudadana. Todo ello con los subapartados correspondientes a cada uno de ellos. Así, se tienen en cuenta desde el número de kilómetros que recorre cada agente en coche o en moto, hasta las horas empleadas en asistencias a juicios. Es decir, todas las actividades que corresponden a cada uno de los departamentos de Tráfico. En el apartado correspondiente a la actividad sancionadora figuran los valores, a efectos de calificar al agente, que tienen las denuncias notificadas de seguridad vial a turismos, según sean muy graves, graves o leves. Lo mismo en el caso de que sea a transportistas y también las no notificadas, incluyendo las formuladas desde el helicóptero. También se valoran de forma distinta las que se impongan por alcoholemia y drogas.
"La mayor parte de los parámetros vienen estipulados por los servicios que se asignen o por la participación en sucesos que no se pueden controlar, como son los accidentes. Así que en lo único en lo que el guardia tiene margen de maniobra es en el número de multas. Nadie se quiere arriesgar a perder más de 200 euros al mes. Por eso los ciudadanos notan más presión en la carretera y se ha incrementado el número de sanciones y también la recaudación", aseguró una de las fuentes consultadas vinculadas al cuerpo.
Los agentes rechazan que el número de sanciones impuestas pese en la valoración individual de su rendimiento laboral porque, aseguran, "provocan un enorme estrés a muchos agentes, que entienden que no se trata de recaudar sin más, sino de vigilar y cuidar de la seguridad de los ciudadanos, pero también temen que su salario se vea reducido si no sancionan lo suficiente. A un funcionario no se le puede premiar o castigar por poner más denuncias. Es como si a los inspectores de Hacienda les quitaran parte de su sueldo si no descubren todos los meses al menos una trama de corrupción. Es absolutamente injusto para todas las partes".
