En el debate sobre lo que cuesta un diputado, abierto en canal esta semana en la nueva Junta General del Principado, la respuesta es la ausencia de una sola respuesta concreta. Desde la sociología, la ciencia política o el derecho, los especialistas sólo se ponen de acuerdo en que no hay modo de traducir la responsabilidad y el esfuerzo parlamentario a una cantidad en euros, mucho menos a una que valga por igual para todos, pero también en que discutir sobre ahorro en salarios es menos significativo de lo que parece "en términos de costes". No es fácil identificar un criterio universalmente válido para pagar a los políticos, aunque sí hay quien opina, con el sociólogo Sergio González Begega, que un techo retributivo excesivamente bajo podría desincentivar el acceso a la política de muchos profesionales valiosos. Eso se escuchaba fuera de la Junta mientras dentro Podemos defendía en solitario su teoría del tope salarial en el triple del sueldo mínimo -1.950 euros netos- frente al consenso del resto de grupos respecto a una tabla salarial articulada en torno al criterio básico de lo que cobra en la Administración un director general, de 3.902 a 4.874 euros brutos.
Ni en un sitio ni en otro, el politólogo Óscar Rodríguez Buznego enviaría la discusión sobre el sueldo a la última pregunta de un debate mucho más profundo que abordase previamente el calendario laboral de los parlamentarios, su método de selección o el destino de las asignaciones que reciben los grupos. En contraste con las tesis sobre la sustracción de potenciales políticos válidos que generaría la bajada salarial, el sociólogo Arsenio Valbuena se ve cerca de Podemos, o incluso más allá, y reclama que "el criterio selectivo" para distinguir a quienes realmente "tienen una vocación de servicio público" se sustancie en un sueldo equivalente al salario mínimo. Al jurista Miguel Presno, la interpretación de una retribución "digna" le remite a una necesidad de unificación de criterios y a otra de transparencia. Lo importante, afirma, "no es fijar un salario concreto, sino que todo eso se haga de manera transparente. Merecería un debate en la Junta, de modo que los parlamentarios puedan trasladar a la opinión pública la relevancia de sus funciones y explicar qué hacen, porque existe un desconocimiento bastante acentuado sobre estas cuestiones".
González Begega, profesor de Sociología, percibe aquí el germen de un debate "de alto riesgo populista" en el que un mensaje sencillo de asimilación fácil sobre el sueldo de los políticos oculte que "en términos de costes la cuestión de las retribuciones de los cargos electos no es en absoluto significativa". El sociólogo entra en una controversia "mal enfocada y no sé si demasiado relevante" con la certeza de que existe "un alto nivel de incongruencia entre la propuesta de establecer el techo retributivo en el triple del salario mínimo y el grado de responsabilidad de nuestros representantes públicos". A su entender, es también "discutible" la idoneidad de aplicar un único patrón retributivo sin valorar "el volumen de responsabilidad" de cada cargo y "más razonable, aunque plantea los mismos problemas de homogeneización", la ligazón entre el modelo salarial del parlamento y los niveles retributivos de altos cargos del sector público. Lo que no le parece adecuado, reincide sobre los planteamientos de Podemos, es bajar sin más el listón del sueldo. "Un techo retributivo excesivamente bajo", asegura, "puede detraer a muchos profesionales competentes y valiosos y desincentivar su entrada en política". Para él, "si uno de los principales problemas de calidad de nuestro modelo político está ligado a la acreditación de competencias profesionales no directamente vinculadas a la política no parece demasiado adecuado establecer barreras de este tipo".
Es él quien con más vehemencia opone que el lanzamiento de esta cuestión en los términos de un mensaje "muy visible, simple, directo y fácilmente comprensible para los ciudadanos puede servir como pantalla para no abordar otros debates de mayor calado, como el diseño de la Administración, sus solapamientos y sus ineficiencias en la prestación de servicios al ciudadano". Detrás de la discusión sobre los sueldos se puede esconder, según esta tesis, una visión distorsionada de los problemas de sostenibilidad de la administración española, cuya falla principal, apunta el sociólogo, "no está en el nivel de gasto, sino en la capacidad de recaudación. Comparativamente hablando", concluye, en España "tanto el tamaño de la administración como el esfuerzo de gasto del sector público son inferiores a la media de la OCDE".
En el análisis de la posición de Podemos y de su discordancia con las del resto de la cámara, Óscar Rodríguez Buznego también duda, en su caso asegurando que el partido de Pablo Iglesias "sabe muy bien que hay algunos inscritos o afiliados suyos que no han estado presentes en sus listas justo porque el salario que establece Podemos es inferior al que tienen en su vida profesional". Otra cuestión es que en este debate "falta un criterio", que "antes de discutir de cómo se fijan las cantidades hay otras cosas de que hablar". Lanzando el salario por delante, subraya el politólogo, "Podemos coge el rábano por las hojas", porque antes de abordar los sueldos cabría discutir por ejemplo "el calendario laboral de los diputados, o la necesidad de que las actividades de los parlamentarios estén efectivamente vinculadas a la Junta y no al partido". Se refiere también al abordaje del modelo de selección de los diputados, "no a si debería exigírseles unos estudios o una experiencia previa, sino al establecimiento de un reclutamiento más abierto y competitivo en el que la elección no sea una cuestión exclusiva de la dirección del partido". Habla asimismo de la financiación de los grupos y de la exigencia de que los medios que ponga el parlamento a su alcance sean "destinados íntegramente a la actividad parlamentaria y no a la financiación de la formación política en ninguna de sus variantes". Pide acometer todos esos asuntos y después, entonces sí, al final los sueldos. De entrada, Buznego apunta que "un diputado con el mismo salario de un director general está muy bien pagado". Más que bien, ya que en la mayoría de los casos, matiza, "ni asumen la responsabilidad ni desarrollan la actividad que tiene un director general".
Dicho todo eso, dice Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional, que conviene tener presente que "a nadie se le obliga" a entrar en política si pierde dinero. Que no tiene demasiado sentido sostener, como se ha hecho estos días, que quien entre en política no deba llegar ganando menos que en su profesión y que, concretando una cifra genérica, como norma general "un sueldo líquido de entre 2.500 y 3.000 euros está bien".
"Éste es uno de los precios más difíciles de fijar", abunda Arsenio Valbuena, especialista en sociología política. Hasta ahora, precisa, los salarios se han marcado conforme a un criterio "de rango", entendido como "una posición de autoridad" según la cual "a un parlamentario le correspondería dentro del complejo político administrativo un rango mínimo de director general". Él preferiría, sin embargo, el uso de criterios "de servicio" que consideren que el cargo público se debe al ciudadano. Su sueldo "debería ser el mínimo, pero no el fijado en un texto legal, sino en la franja inferior de ganancia de la población". Eso, "gastos aparte", "haría vivir al representante como el subordinado que más sufre. Si no sabes cómo vive el que más padece es fácil que te olvides de él, es pura psicología". Asiente además el sociólogo a la certeza de que esa opción desincentivaría el acceso a la política, pero sería así, añade, "porque se establecería un criterio selectivo para diferenciar a aquellos que tienen verdadera vocación de servicio público de quienes quieren hacer una carrera política".
