Detenida la jefa de la empresa que vigila los Juzgados y Sograndio

Agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada han detenido a los responsables de la empresa contratada por el Principado para la vigilancia de los edificios judiciales, del Servicio de Salud del Principado, los centros de menores de Sograndio (Oviedo) y Miraflores (Noreña), el Materno-Infantil de Oviedo o la residencia de Perlora (Carreño), en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social.

Fuentes cercanas al caso indicaron que tanto el gerente de la empresa, C. S. F., como la responsable en Asturias, B. R., fueron arrestados el pasado viernes, el primero en la sede de la empresa, en Monforte de Lemos (Lugo), donde los agentes practicaron un exhaustivo registro en busca de documentación. La segunda habría recibido la citación en el centro de menores de Sograndio, donde desempeña labores de coordinadora de seguridad, y fue trasladada a Lugo con el fin de prestar declaración en dependencias judiciales. El director del centro de menores se ha hecho cargo ahora de la seguridad.

La empresa sujeta a investigación, con 800 trabajadores, 70 de ellos en Asturias, estaba inmersa en una incómoda situación, con denuncias desde todos los flancos, comenzando por las 17 presentadas ante Trabajo por empleados de la firma, con el respaldo de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (Avispa), y cuyos actos de conciliación serán el mes que viene.

La empresa se hizo cargo de la seguridad de centros del Principado a finales del año pasado y fue recibida con una huelga por renunciar a la aplicación del convenio colectivo de la Seguridad Privada, lo que le facilitaba bajar los sueldos un treinta por ciento. Los sindicalistas cifran hasta en 6.000 euros las pérdidas anuales de los trabajadores. Al final se llegó a un acuerdo.

A la empresa le abrió un expediente el Consello Galego da Competencia (CGC) por realizar "prácticas anticompetitivas" en un proceso de contratación pública. En Asturias, UGT denunció la contratación por no estar la empresa homologada. El Gobierno regional negó que la empresa hubiese incurrido en una baja temeraria con la oferta presentada para hacerse con el servicio. La empresa ha sido además amonestada por la Consejería de Presidencia por el deterioro de la seguridad en Sograndio, que se atribuye a las pésimas condiciones laborales de los funcionarios.