El sumario del "caso Pokémon" incluye un informe de la Agencia Tributaria sobre la relación de Joaquín Fernández con Hunosa, según el cual, el imputado "reconoce que Teresa Mallada (presidenta de la compañía) le consiguió el contrato que tiene su empresa Ingenium" con la energético-minera. Por ello, el organismo ha solicitado que Mallada preste declaración como testigo. Hacienda sospecha que fue la propia presidenta la que "le ofreció directamente" "lo de Fusba" (el contrato de Ingenium con la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara, dependiente de Hunosa) "antes de tener nada firmado. El asunto trajo cola, siempre según la Agencia Tributaria, porque en una conversación grabada, Mallada reconoce que CC OO "amenazó con sacar lo de Joaquín (Fernández) y lo de Heidi (cuñada de Mallada, también contratada en Fusba)", y que la presidenta de Hunosa, replicó asegurando que sacaría una lista de familiares de sindicalistas enchufados en la empresa minera. También fue contratado Roberto Santiago, expresidente del PP de Navia.
En el momento de su detención, febrero de 2013, Fernández llevaba moviendo los asuntos de Fusba cuatro meses, y tenía contrato hasta mayo. Le salía el trabajo "por las orejas" y tenía apalabrados contratos con ayuntamientos como Siero. Había contactado con Tragsa (donde trabajó) a través de Ramón Cañal para vender los productos de la Fundación y se planteaba "dar el salto fuera de la región", posiblemente a Galicia. Los productos eran variados; desbroces, jardinería, vestuario laboral, desratización...
