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Del burdel gallego a "putiferios" en Asturias

Una investigación por corrupción que sacude a la política regional

Del burdel gallego a "putiferios" en Asturias

La denuncia de un ovetense permitió a la juez de Lugo Pilar de Lara tirar del hilo que ha llevado a imputar a decenas de políticos y empresarios de todo el país

Si se siguen los meandros de la "trama del agua" río arriba, se llega al "caso Pokémon", destapado por la denuncia del ovetense José Luis Álvarez, fundador de Cechalva, la adjudicataria del servicio de grúa de Lugo, aunque los primeros indicios de que algo olía a podrido ya se obtuvieron en la "operación Carioca", que tuvo como epicentro el club Queen's, en un polígono industrial de la capital lucense. Desde ese burdel, la juez gijonesa Pilar de Lara ha tirado del hilo hasta descubrir una trama de supuestos sobornos y adjudicaciones irregulares que cubre buena parte del país. El río de "Pokémon" parte de Lugo, salta a Orense, Santiago de Compostela y de allí a Barcelona, para dirigirse de nuevo hacia el Oeste del país, a Asturias, donde Pilar de Lara ha encontrado un filón. La bola ha alcanzado tal tamaño que el pasado mes de julio la magistrada dictó un auto de inhibición para que varias piezas del caso pasen a la Audiencia Nacional.

Por qué "Pokémon"

El nombre de la operación viene de un popular videojuego con más de 600 personajes. Los agentes de Vigilancia Aduanera decidieron bautizar así su investigación al ver que el número de implicados en la red -una trama de supuestos sobornos y adjudicaciones irregulares de servicios y obras públicas con epicentro en varios ayuntamientos gallegos- no hacía más que multiplicarse a medida que se acumulaban escuchas y documentación.

El escándalo en Lugo

La prehistoria del caso hay que buscarla en la "operación Carioca", una investigación contra la explotación de mujeres prostituidas y corrupción policial, en la que ya surgió el nombre de un funcionario del Ayuntamiento de Lugo, Javier Manuel Reguera Pérez, propietario del edificio en el que estaba situado el club de alterne Queen's y al que se considera intermediario entre el grupo Vendex y los cargos públicos. Fue la denuncia de un empresario ovetense, José Luis Álvarez, fundador de la empresa Cechalva junto a Jorge Pío Cecchini, la que permitió a la juez avanzar, aunque el descubridor de la trama haya terminado también imputado. Y es que este empresario reconoció que la concesión del servicio de grúa en Lugo desde 2006 se había obtenido con la condición de dar una mordida de 2.000 euros mensuales al alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco (PSOE), y al entonces teniente de alcalde, Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil. El apaño se habría realizado a través de Javier Manuel Reguera, al que Vendex colocó de gerente de la ORA en Lugo. Reguera introdujo a dos de sus hombres en Cechalva, Demetrio Arias y su cuñado Manuel Santiso, quienes figuran como administradores. Con ellos empezaron los problemas de la empresa, según Álvarez, ya que comenzó a funcionar una "caja B". En 2009, según explicó en su día Álvarez, se la intentaron jugar poniendo su firma en una junta a la que no había acudido y en la que se aprobaron las cuentas. Recurrió al Juzgado de lo mercantil, que le dio la razón, pero las cuentas fueron aprobadas de igual modo. Al saber que Santiso y Reguera estaban investigados por la "operación Carioca", decidió acudir a la juez, quien ordenó pinchazos y seguimientos.

Santiago y la sombra del agua

Los pinchazos y las declaraciones de algunos imputados, como Fernández Liñares, permiten a la juez ir descubriendo una cadena de supuestos sobornos y adjudicaciones irregulares en Galicia. La juez decidió separar la trama relacionada con Vendex, en la que hay hasta 64 imputados -entre ellos el jefe de Vendex; Francisco Fernández Liñares; el alcalde de Lugo; los exregidores de Orense y Boqueixón; y varios ediles de La Coruña y Santiago-, de la relacionada con Aquagest. El hilo de ésta última fue el supuesto apaño hacerse con varios servicios en la provincia de La Coruña, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, así como en Santiago de Compostela. La base, una entrevista entre el antiguo director de Aquagest en Galicia y Asturias, Henry Laíño, y el presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo. La juez fue descubriendo un entramado en el que actuaba como conseguidor Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que dimitió en 2012 por fraude fiscal. Esta ramificación recibe el nombre de "Pikachu", otro personaje de videojuegos. En una de las conversaciones, Laíño se quejaba de que el secretario municipal había echado a perder un contrato que creía cerrado con el exalcalde Conde Roa. En Santiago, Aquagest se entregó a una política de patrocinios, como los 120.000 euros que donó al Obradoiro.

Fruición catalana

En Cataluña, la investigación apunta al consejero en funciones de Empresa, Felipe Puig. Vigilancia Aduanera pide que se le impute junto al exalcalde de Mollá, José Montràs. Puig habría favorecido a la empresa GRS Arc Local, de Alexandre Ros Valls, en una adjudicación en Mollá. También estaría implicado Alfonso Rosell, subdirector de Turismo de Cataluña durante la última legislatura de Jordi Pujol (1999-2003). Esta parte de la investigación, denominada "Manga", también apunta a un hermano de Oriol Junqueras, por un contrato en la comarca de la Selva, en Gerona.

Cómo llega la juez al "conseguidor" asturiano de Aquagest.

El salto cualitativo en lo tocante a Asturias se produce en abril de 2012, cuando los investigadores de la Agencia Tributaria detectan tres conversaciones clave. En una de ellas, el 24 de abril, Henry Laíño llama a Joaquín Fernández, para pedirle una cita con la alcaldesa de Huesca. En la conversación, Fernández le pregunta por Ángel Espadas. Ese mismo día, Laíño es grabado hablando con su cuñado (Benito Alfonso Fernández), al que le dice que quiere tener a Ángel Espadas trabajando de "abrelatas" en Galicia. Benito le dice que se va a terminar sabiendo, pero Laíño le asegura que si ha tenido durante dos años contratado al vicepresidente de Comunicación del PP (Joaquín Fernández), lo de Espadas no se tiene por qué saber. Al día siguiente, graban a Laíño hablando con su hermana Digna, a la que le dice que va a hacer a Espadas lo mismo que el que tiene en Asturias (Fernández), "un trabajo político comercial".

Una tercera conversación convence a los investigadores de la importancia de Joaquín Fernández, pero no será hasta el 27 de noviembre de 2012 cuando los agentes graben otra conversación crucial, esta vez en catalán, entre Alexandre Ros, de GRS ARC Local, y Oriol Morillo, director general de Tribugest, filiar de Aquagest, que los funcionarios se decidan poner el foco en Fernández, con las consecuencias ya conocidas. Morillo le pide a Ros que apunte el teléfono de Joaquín Fernández. Morillo ha estado en una reunión en Asturias y Fernández se le ha acercado para preguntarle: "¿No tenemos una empresa de catastro y tal?". Morillo le aclara a Ros que será "para el tema de Llanes". "¿Y quién es?", le pregunta Ros, a lo que Morillo replica: "Un fantasma. Y es más facha que Franco". "¿Y es un chorizo?", repregunta Ros. "Bueno..., sí, se puede hablar de esto también". "¿Y este está en nómina?", se interesa Ros, a lo que Morillo responde: "Este cobra en nómina de Agbar, nómina, nómina".

La "trama del agua" en Avilés

Una derivada inesperada del "caso Pokémon" fue la "trama del agua" de Avilés. Al final, ésta se cerró en el pasado junio con doce imputados, la exconcejala avilesina del partido Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), Elena Villalba, su madre, E. M. G., y su expareja, A. V. A., el también exconcejal de ASIA en Avilés Miguel Ángel Villalba -hermano de Elena-, A I. S. B., directivo de Aquagest, el exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, el exconcejal de Urbanismo de Corvera, Luis Solares, y a la exconcejala de Hacienda del mismo concejo, Ana Belén Toro, y los empleados de Aquagest J. A. M. M., A. M. F., Henry Laíño y Joaquín Fernández. A lo largo de la instrucción desfilaron por el juzgado avilesino más de una veintena de políticos asturianos que se habrán beneficiado de viajes y estancias de hotel. En la mayor parte de los casos, se consideró que los posibles delitos habían prescrito. Hubo una víctima, José Balmori Póo, director de Administración Local, cesado por el presidente del Principado, Javier Fernández, por haber aceptado pasar la noche en Las Caldas a cuenta de Aquagest.

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