El notario Luis Ignacio Fernández Posada ratificó en la mañana de ayer que José Ángel Fernández Villa estaba plenamente capacitado el pasado mes de noviembre para otorgar un poder a su letrada. Habló con él y le dio la impresión de que tenía la capacidad suficiente para realizar ese acto jurídico, según manifestaron al final de su declaración los letrados presentes en el interrogatorio.
Fernández Posada acudió al Juzgado número 2 de Oviedo, que instruye la demanda del SOMA contra su exsecretario general, donde declaró como testigo ante la magistrada María Simonet Quelle Coto. Apenas estuvo unos minutos, los suficientes para ratificar la capacidad de Villa cuando otorgó el poder.
La juez quería conocer qué estado presentaba el exsindicalista cuando realizó ese acto jurídico, y que el notario explicase por qué indicó en el documento que Villa tenía la "capacidad legal suficiente" para llevarlo a cabo. La magistrada había hecho notar en la providencia por la que ordenaba la comparecencia del notario que esa apreciación contrastaba con el contenido del informe médico presentado por la defensa de Villa -que corre a cargo de la abogada Ana García Boto-, así como el dictamen elaborado por dos forenses judiciales, quienes señalaron la imposibilidad de que el exsindicalista prestase declaración en el Juzgado. Este último informe movió a la juez a suspender la prevista declaración de Fernández Villa el pasado lunes.
A la salida del Juzgado, el notario Luis Ignacio Fernández Posada tan solo indicó que intervino "como profesional en alguna cuestión que es de carácter reservado", sin extenderse más sobre el contenido de su declaración ante la juez Quelle Coto.
Los letrados del SOMA, Luis Llanes y Miguel García Vigil, solicitarán nuevas pruebas médicas adicionales para saber de forma fehaciente si Villa es responsable de sus actos y es imputable. Consideran "precipitado" que se archive el caso solo con un informe médico de parte y el dictamen elaborado tras una breve visita de las forenses, el viernes de la semana pasada. Y es que los letrados no acaban de creer que el estado de salud de Villa sea tan grave como pintan las forenses y el servicio de Neurología del HUCA.
Episodios de llanto
El informe de las forenses presenta a Villa como una persona que sufre demencia degenerativa, así como depresión, con ideas de suicidio. Según estas facultativas, Villa podría desplazarse al Juzgado, con ayuda de un bastón o terceras personas, pero es incapaz de tener un discurso coherente, ya que está anclado de forma obsesiva en el pasado, desconoce hechos recientes, y sufre frecuentes episodios de llanto e irritación.
Este cuadro, que según la defensa de Villa, tiene un pronóstico "muy malo", contrasta tanto con las apreciaciones del notario Fernández Posada, como con las llamadas que, el pasado julio y posteriormente, al conocer la presentación de la querella del SOMA, realizó el exlíder minero a personas de su confianza en el sindicato, en las que pedía explicaciones por esas acciones legales.
Según los letrados del SOMA, en caso de que la juez considere que Villa no es imputable, se archivaría la querella que pesa sobre él, aunque se podría iniciar un proceso civil para recuperar los 360.000 euros de los que se apropió, según estima el sindicato a raíz de una auditoría.
